La cercanía de las elecciones generales en Honduras, programadas para noviembre de 2025, ha traído a la luz una creciente preocupación por la implementación de tecnología electoral, particularmente en relación con la empresa Smartmatic. Esta compañía, conocida por ofrecer soluciones en votación electrónica y transmisión de resultados, ha generado intensas críticas y dudas sobre su capacidad para garantizar la transparencia y equidad del proceso electoral.
El papel de Smartmatic en las elecciones de 2025
Smartmatic, una multinacional especializada en sistemas de votación electrónica y biometría, ha sido seleccionada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para gestionar aspectos clave del proceso electoral en Honduras. Su implicación se centra en la provisión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y la implementación de tecnología biométrica. Sin embargo, la adjudicación directa de contratos por un monto cercano a los 532 millones de lempiras ha levantado críticas por la falta de transparencia y el hecho de concentrar en una sola empresa el manejo de estos elementos cruciales.
La elección de Smartmatic ha sido recibida con desconfianza por varios sectores políticos y sociales, quienes argumentan que la empresa, al ser percibida como vinculada al gobierno venezolano, podría tener inclinaciones políticas que pongan en riesgo la imparcialidad del proceso. Además, los antecedentes de la compañía, con acusaciones de fraude y fallos técnicos en otros países como Venezuela, Filipinas y El Salvador, alimentan aún más las inquietudes sobre la fiabilidad de sus servicios.
Reacciones políticas y sociales ante la controversia
Las fuerzas políticas opuestas en Honduras han sido de las que han expresado mayor crítica sobre la participación de Smartmatic en los comicios de 2025. Diversos partidos han alegado que la compañía podría estar beneficiando al partido en el poder, especialmente porque el CNE ha beneficiado a Smartmatic a través de un proceso de asignación directa. Estas denuncias han generado un ambiente de recelo hacia las entidades responsables de llevar a cabo las elecciones.
En cuanto al partido en el poder, LIBRE, ha defendido la implementación de tecnologías avanzadas para garantizar la transparencia en el proceso de votación. Sin embargo, la ausencia de una supervisión externa respecto a la tecnología de Smartmatic ha mantenido el tema en discusión. Para la sociedad civil, la transparencia se ha transformado en una demanda esencial, y numerosas organizaciones han solicitado que se efectúen auditorías independientes y que se permita la supervisión internacional del proceso electoral. La falta de claridad sobre el papel de Smartmatic y los posibles problemas en su tecnología continúan siendo motivo de preocupación para varios sectores de la población.
Conflictos en un entorno electoral dividido
El ambiente político en Honduras, durante las semanas anteriores a las elecciones, se caracteriza por una polarización que va en aumento, lo cual ha incrementado la presión sobre el CNE. En este escenario, la participación de Smartmatic en el proceso electoral ha acrecentado la falta de confianza en las entidades responsables de asegurar la transparencia y la equidad en la votación.
Las críticas hacia la empresa se centran principalmente en los posibles riesgos de manipulación del sistema, ya sea por fallas técnicas o por vulnerabilidades en la plataforma utilizada para la transmisión de resultados. Durante las elecciones primarias de 2025, ya se reportaron problemas con la capacitación del personal y el uso de los lectores biométricos, lo que avivó los temores de posibles irregularidades. Ante estos antecedentes, el temor de que el sistema de votación sea vulnerable a manipulaciones internas o externas se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la oposición y de sectores de la sociedad civil.
La controversia también refleja una crisis más profunda sobre la institucionalidad democrática en el país. La falta de confianza en el CNE y las acusaciones de parcialidad política han aumentado la polarización social, lo que podría afectar la legitimidad del proceso electoral y su aceptación por parte de la población.
Solicitudes de claridad y supervisión global
Debido a la cantidad de dudas acerca del rol de Smartmatic, diversos grupos han pedido más claridad en el proceso electoral. Entre las peticiones más comunes destacan la importancia de realizar auditorías independientes al software de la compañía, así como permitir que el código fuente de la plataforma que administrará los resultados sea accesible. Además, se ha solicitado la intervención de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea para que supervisen el proceso y aseguren la neutralidad de las elecciones.
Del mismo modo, la insistencia de actores políticos y civiles podría resultar en una fiscalización más detallada del proceso de licitación, explorando alternativas tecnológicas que generen menos oposición o, al menos, que sean menos vulnerables a críticas. Igualmente, se ha propuesto la necesidad de llevar a cabo una vigilancia extensiva del proceso electoral, contando con la presencia de observadores tanto nacionales como internacionales para asegurar la transparencia y evitar fraudes potenciales.
Consideraciones finales sobre lo que se viene en el ámbito electoral
La polémica en torno a la utilización de la tecnología de Smartmatic destaca la creciente desconfianza hacia las instituciones electorales en Honduras, un reto que se intensifica con la proximidad de las elecciones de 2025. La ausencia de claridad en el proceso de contratación, el historial de la compañía y las inquietudes sobre la protección del sistema de votación son factores que podrían influir en la credibilidad del proceso electoral y acentuar las divisiones políticas en la nación.
La solución a esta crisis de confianza pasa por un fortalecimiento de la transparencia y la independencia en la gestión de las elecciones. El futuro democrático de Honduras depende, en gran medida, de la capacidad de sus instituciones para garantizar un proceso electoral libre de manipulaciones y con la suficiente credibilidad para ser aceptado por todos los sectores políticos y sociales. Las elecciones de 2025 serán una prueba clave para el sistema democrático del país y para la estabilidad política en los próximos años.
