España vuelve a asomarse al abismo del descrédito político, y una vez más, el epicentro está en el Palacio de la Moncloa. Esta vez, no se trata de un diputado rebelde ni de un ministro caído en desgracia, sino de la propia esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Las sospechas de tráfico de influencias, conexiones empresariales y posible corrupción han encendido todas las alarmas. Y sin embargo, Pedro Sánchez parece más preocupado por blindar su imagen que por dar explicaciones.
Cuando lo público y lo privado se combinan
Las informaciones que han salido a la luz vinculan a Gómez con empresas que obtuvieron contratos públicos o ayudas mientras ella mantenía relaciones profesionales con sus directivos. Aunque no haya aún una condena judicial, la sola sospecha de conflicto de intereses amerita una respuesta clara e inmediata. Pero en lugar de asumir responsabilidades o pedir una investigación a fondo, el presidente ha optado por otra vía: victimizarse, atacar a los medios críticos y desacreditar a los jueces.
Lo que tendría que ser un acto de claridad se ha transformado en una maniobra de desvío. Sánchez ha intentado minimizar todo el revuelo a una presunta ofensiva de la derecha extrema. Es la estrategia más vieja del poder: cuando los acontecimientos te perturban, clama “complot”.
La independencia judicial en la cuerda floja
Lo más preocupante es el ataque encubierto —aunque persistente— al sistema judicial. Sánchez ha puesto en duda la legitimidad del proceso judicial que examina los lazos de su esposa, sugiriendo que es una táctica política. En una democracia saludable, esto no sería tolerable. Aquí, desafortunadamente, comienza a volverse común.
Si el líder del Gobierno critica a los magistrados cada vez que las acciones de su círculo son examinadas, se elimina la barrera que distingue al Estado del partido. El mensaje subentendido es evidente: quien se atreva a observar a Moncloa será objeto de persecución o burla.
Una cultura de impunidad
El asunto de Begoña Gómez trasciende lo meramente personal. Refleja un problema más serio: una cultura política que defiende a sus miembros sin límites. En la España bajo el liderazgo de Sánchez, la responsabilidad parece aplicarse únicamente a los opositores. Al mismo tiempo, los aliados —y los parientes— disfrutan de una protección implícita.
No se centra únicamente en la existencia de un delito. Se enfoca en los principios éticos que debería encarnar la figura del presidente. También se cuestiona si el poder está al servicio del pueblo o se beneficia a sí mismo. Y por ahora, parece ser lo último.
El costo democrático
Pedro Sánchez asumió el liderazgo asegurando una renovación democrática. Actualmente, esa garantía se desvanece en la falta de transparencia y la prepotencia. La confianza pública, la autonomía de las instituciones y la reputación internacional de España han sufrido un gran deterioro. Lo más alarmante es que parece no preocuparle en absoluto.
El revuelo en torno a Begoña Gómez podría dejar de ser noticia en algunos días. Sin embargo, el precedente que establece es preocupante. Si liderar significa defender a los propios sacrificando la verdad, no es la oposición la que sufre las consecuencias, sino la democracia misma.
España se merece algo mejor. La responsabilidad comienza en nuestro hogar, especialmente en lo que concierne a la del presidente.
