El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las investigaciones sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estuvieron dirigidas injustamente hacia él, mientras las verdaderas responsabilidades se encuentran en estructuras corruptas heredadas de gobiernos anteriores. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Petro señaló que la Fiscalía se enfocó en intentar demostrar que había dado órdenes para desviar recursos públicos hacia congresistas, algo que, según declaró, siempre prohibió.
Petro subrayó que las anomalías detectadas en la Ungrd derivan de patrones persistentes de corrupción que no han sido enfrentados con la firmeza necesaria. Señaló a Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directores de la entidad y hoy privados de la libertad, por presuntamente desviar fondos mediante posibles acuerdos políticos. De acuerdo con Petro, sus acciones podrían estar vinculadas a pactos entre colectividades como el Partido Verde y actores como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd ganó notoriedad cuando se reveló un esquema de corrupción relacionado con contratos de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General descubrieron irregularidades en la asignación y ejecución de estos contratos, que incluyeron desvíos de fondos y pagos ilícitos destinados a asegurar apoyo político para reformas del Gobierno. Además, se detectaron pérdidas estimadas en más de 60 millones de dólares debido al uso fraudulento de recursos extrapresupuestales por parte de la Ungrd.
Petro también criticó el papel de los fiscales a cargo de las investigaciones, argumentando que “muchos fracasan” cuando se enfocan únicamente en buscar pruebas en su contra. También recordó el caso de su hijo, Nicolás Petro, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y afirmó que las autoridades han cometido errores en investigaciones previas, como la detención de profesores inocentes.
El caso sigue generando controversia, con capturas recientes de altos exfuncionarios y exlíderes legislativos, como los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Ambos son acusados de recibir sobornos millonarios, según confirmaron exdirectivos de la Ungrd en su testimonio ante la Corte Suprema.
Este escándalo ha provocado una crisis institucional en Colombia, con organizaciones civiles exigiendo mayor transparencia y controles más estrictos sobre el gasto público. La administración de Petro enfrenta desafíos para desmarcarse de las acusaciones de corrupción heredadas y las polémicas que han surgido durante su gestión.