La Casa Blanca se moviliza contrarreloj para salvar su estrategia comercial, seriamente dañada tras la sentencia del miércoles que anuló la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha advertido que, si los tribunales inferiores no suspenden la ejecución del fallo, pedirá este mismo viernes al Tribunal Supremo que mantenga las tasas vigentes a las importaciones, alegando que su eliminación supondría “daños irreparables” para la economía y la seguridad nacional.
La sentencia constituye el más significativo revés jurídico para Trump desde el comienzo de su segundo mandato. Sus abogados han pedido acciones cautelares tanto al Tribunal de Comercio Internacional como a un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el Ejecutivo advierte que, si se lleva a cabo la sentencia, “los acuerdos exitosos alcanzados con varios países podrían colapsar inmediatamente”, a pesar de que, en realidad, Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Ideas reiteradas, aunque sin respaldo adicional
El Gobierno insiste en los mismos argumentos esgrimidos durante el proceso: que los tribunales no tienen potestad para cuestionar la decisión presidencial de invocar leyes de emergencia para imponer aranceles, y que existe jurisprudencia —como la de Richard Nixon— que valida este tipo de medidas. Sin embargo, la sentencia judicial analiza precisamente ese precedente y lo usa para desmontar la legalidad de la actuación de Trump.
La solicitud al Supremo subraya que, sin una suspensión inmediata, “incluso si los aranceles se confirman más adelante, el daño causado ya no podrá revertirse”. El Gobierno advierte que podría perder ingresos fiscales, ver comprometidas negociaciones internacionales y quedar expuesto a represalias comerciales.
El fallo: un revés para la táctica y la legalidad de Trump
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó el miércoles por unanimidad que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales, al considerar que el presidente excedió sus competencias constitucionales y violó la legislación al aplicar una ley de emergencia de forma indebida.
El fallo invalida, entre otros, los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China, junto con los controvertidos “impuestos recíprocos” implementados a nivel mundial con el pretexto de combatir el fentanilo y regular la inmigración. Estas acciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Conflictos en el ámbito político y judicial
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha criticado duramente el fallo, calificándolo de “extralimitación judicial” y acusando a “jueces no elegidos” de entrometerse en decisiones del Ejecutivo. “Estados Unidos no puede funcionar si un presidente ve cómo sus negociaciones se ven bloqueadas por jueces activistas”, declaró.
Stephen Miller, vicejefe de gabinete, fue aún más lejos: “Nos encontramos bajo una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, aseguró en Fox Business que confía en que la decisión será revertida en la apelación. No obstante, la Casa Blanca admite que prepara un recurso sobre el fondo del asunto que todavía no ha sido presentado.
Divergencia ideológica en el Supremo
La Corte Suprema, en la cual Trump tiene a tres jueces dentro de los seis que constituyen la mayoría conservadora, podría actuar como el decisor definitivo. No obstante, ese balance ideológico no asegura un fallo beneficioso. La resolución revocada fue suscrita unánimemente por magistrados nombrados por Trump, Reagan y Obama, lo que le confiere una relevancia institucional complicada de ignorar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto impulsó a cuatro integrantes del Gabinete a realizar declaraciones oficiales en la corte. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que cancelar los aranceles «debilitaría» pactos actuales. Scott Bessent, el secretario del Tesoro, destacó el peligro de quebrar conversaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, se muestra preocupado por un posible desajuste en las condiciones de competitividad. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, cree que el veredicto amenaza la política internacional y la seguridad del país.
