A medida que se aproximan las elecciones generales de 2025, sectores políticos y sociales en Honduras advierten sobre un posible fraude electoral vinculado al expresidente Manuel Zelaya, generando una nueva ola de incertidumbre sobre la transparencia del proceso democrático.
Críticas al partido gobernante y al Consejo Nacional Electoral
Diversas denuncias públicas han señalado al expresidente Manuel “Mel” Zelaya, actual coordinador del partido Libertad y Refundación (LIBRE), como presunto operador de un esquema que buscaría beneficiar a su fuerza política en las próximas elecciones. Las acusaciones apuntan a una presunta manipulación desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante contratos con empresas allegadas al entorno político de Zelaya, que estarían a cargo de la logística electoral, incluyendo el transporte de material sensible.
Informes difundidos por grupos opositores y críticos afirman que hubo irregularidades durante las elecciones primarias, como el transporte de maletas electorales en coches sin vigilancia oficial y supuestamente relacionados con operadores de LIBRE. Estas irregularidades causaron demoras en el proceso electoral y resultaron en acusaciones de compra de votos y manipulación de actas, situaciones que, según los acusadores, representan indicios de un fraude en desarrollo.
En el centro de las investigaciones figura una empresa contratada para la distribución del material electoral, cuyo propietario tendría nexos familiares con dirigentes de LIBRE y cercanía directa con Zelaya. La Fiscalía ya ha iniciado una investigación por presuntas contrataciones irregulares y sobreprecios, lo que eleva el nivel de escrutinio institucional sobre el proceso.
Tensiones internas y fracturas en el oficialismo
A las denuncias externas se han sumado voces dentro del mismo partido de gobierno. Tres diputados de LIBRE han manifestado públicamente su preocupación por prácticas que, aseguran, favorecen de manera indebida a la precandidata oficialista Rixi Moncada. Según sus testimonios, se habría recurrido al pago de sumas entre 500 y 4.000 lempiras por voto durante las elecciones primarias. La dirigencia partidaria ha minimizado las denuncias, atribuyéndolas a dinámicas propias del proceso interno.
La exposición pública de estas fracturas internas pone de relieve la existencia de tensiones dentro del oficialismo, así como la presión que enfrentan sus estructuras en el contexto preelectoral. Estas diferencias podrían intensificarse en los próximos meses, en función de cómo avance el escrutinio público e institucional.
Convocatorias para supervisión nacional e internacional
En respuesta a este panorama, distintos sectores de oposición y organizaciones ciudadanas han comenzado a organizar movilizaciones, exigiendo la presencia de veeduría internacional, auditorías independientes y mayor transparencia en cada fase del proceso electoral. Algunos líderes sociales han calificado la situación como una “traición a la voluntad popular”, alertando sobre un posible escenario de inestabilidad poselectoral.
A nivel internacional, tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como diversos organismos de observación ya han sido señalados como actores clave para garantizar la legitimidad del proceso. El Ministerio Público, por su parte, ha anunciado que mantiene abiertas las investigaciones sobre las irregularidades denunciadas.
Un proceso electoral bajo vigilancia y presión
Las acusaciones de fraude en las elecciones se desarrollan en un contexto de intensa polarización política e institucional. La gestión del sistema electoral, la claridad en la contratación de servicios logísticos y la integridad del voto son asuntos que captan la atención de una población cada vez más desconfiada.
El ejemplo también pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el sistema democrático de Honduras para garantizar elecciones confiables, en una nación con un historial de crisis postelectorales y controversias sobre la legitimidad del poder. Con vistas a las elecciones de 2025, Honduras está en una encrucijada crucial, donde la confianza en las instituciones y la participación de la ciudadanía serán evaluadas con rigor.
