Grupo Gloria y SOBOCE se encuentran en el centro de la atención debido a la supuesta intervención de Zapatero en Bolivia
La investigación del caso Plus Ultra ha abierto un nuevo frente con derivaciones en Bolivia y Perú. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional española atribuye al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero una supuesta mediación ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria, conglomerado peruano propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento, SOBOCE.
Según la UDEF, Zapatero habría recibido 200.000 euros vinculados a un contrato de asesoría que los investigadores consideran simulado. Los pagos, de acuerdo con el informe policial citado por medios españoles, habrían sido canalizados a través de Focus Social Research, una empresa peruana presentada formalmente como contratante, aunque la Policía sostiene que detrás de la operación estarían los intereses del Grupo Gloria.
El eje del caso se sitúa en un litigio millonario en Bolivia. SOBOCE mantenía desde 2011 una disputa judicial con la Fábrica Nacional de Cemento, FANCESA, por competencia desleal. Tras años de recursos, la justicia boliviana ratificó una condena que obligaba a la cementera vinculada al Grupo Gloria a pagar 107 millones de dólares, una resolución que posteriormente quedó suspendida de forma provisional tras un recurso de amparo.
En ese contexto, la UDEF señala que Zapatero habría desplegado contactos con altas autoridades bolivianas, incluido el entonces presidente Luis Arce, además de miembros de su gabinete y responsables del área económica y judicial. Las gestiones, según la reconstrucción policial, incluyeron reuniones, comunicaciones y un viaje a Bolivia en septiembre de 2024.
El informe señala además a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España, como una de las figuras que intervinieron en los primeros acercamientos, y menciona igualmente a Ana María Ospina, directora de Asuntos Corporativos del Grupo Gloria, por su participación en las gestiones previas a la firma del contrato. Entre los documentos revisados por los investigadores se encuentran mensajes, agendas y registros de transferencias bancarias.
Las pesquisas señalan que la sucesión de reuniones, las gestiones efectuadas ante autoridades bolivianas, la suspensión de la condena impuesta a SOBOCE y los pagos realizados después fortalecen la idea de un vínculo directo entre la presunta intermediación y los intereses empresariales del Grupo Gloria; sin embargo, el proceso sigue en curso y aún no existe un fallo definitivo que establezca responsabilidades penales.
Fuente: Infobae — ABC