En el contexto preelectoral hondureño, la figura de Rixi Moncada, candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se ha visto envuelta en una serie de controversias relacionadas con el manejo de recursos estatales y denuncias por presuntos actos de corrupción. Estas acusaciones, que abarcan desde procesos judiciales locales hasta demandas en instancias internacionales, se suman a un panorama político marcado por la polarización y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales cuestionamientos hacia Moncada se centra en la utilización de recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. De acuerdo con denuncias actuales, recursos públicos podrían haber sido dirigidos hacia grupos relacionados con el partido en el poder, lo cual ha avivado críticas sobre la aplicación de programas sociales con intenciones políticas.
Estas afirmaciones se dan en un contexto donde se incrementa la demanda de mayor transparencia en el manejo del gasto público durante el año electoral, y donde diversos sectores han solicitado una supervisión más rigurosa en la utilización de fondos dirigidos a la ayuda social.
Reporte mundial presentado al FBI
El caso tomó un giro internacional a principios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, ciudadano estadounidense, presentó una denuncia ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la que se menciona a Moncada y a otros funcionarios del Estado. La acusación alega irregularidades administrativas y uso indebido de funciones públicas que habrían afectado inversiones extranjeras en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Antecedentes de estudios y dudas anteriores
Las controversias que hoy rodean a Moncada no son nuevas. En 2009 y 2013 fue objeto de investigaciones por abuso de autoridad y presunto fraude durante su paso por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de haber sido vinculada a contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambos casos la justicia hondureña emitió sobreseimientos definitivos, su nombre ha continuado apareciendo en informes periodísticos y en indagaciones promovidas por organismos de control.
Más recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó una denuncia por presunta malversación de caudales públicos contra Moncada y otros funcionarios. No obstante, los detalles del caso no han sido divulgados por las autoridades competentes, lo que ha generado incertidumbre sobre el avance judicial y ha intensificado los cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Conflictos entre instituciones y dudas acerca de la aplicación del poder
Aparte de las acusaciones de corrupción, la postulación de Moncada ha sido objeto de críticas debido a su desempeño en funciones públicas durante su campaña presidencial. Algunos grupos han puesto en duda su participación en la elaboración de propuestas y revisiones, las cuales, según opositores, van más allá de las responsabilidades de su puesto actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el balance institucional.
Estas críticas se agravan por el hecho de que la candidata ha mantenido cargos públicos durante su campaña, lo que ha generado preocupaciones sobre eventuales conflictos de interés y el posible uso de recursos oficiales en beneficio de su candidatura. Organizaciones de la sociedad civil han instado a una mayor vigilancia ciudadana y al fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la equidad en el proceso electoral.
Un escenario caracterizado por la falta de confianza en las instituciones
La situación de Rixi Moncada destaca los retos que Honduras tiene en cuanto a gobernabilidad, transparencia y consolidación del Estado de derecho. En un año crucial para el futuro político del país, las acusaciones de corrupción y las discusiones sobre el manejo de los fondos públicos se han posicionado como temas principales en el debate nacional.
Aunque las autoridades siguen sin aclarar el estado legal de las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían impactar directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción pública sobre la autonomía de las instituciones.
