A menos de dos meses de las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, especialistas en procesos electorales advierten sobre posibles irregularidades que podrían afectar la transparencia y el resultado de los comicios. La atención se centra en el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya operación y control de sistemas clave es objeto de cuestionamientos.
Supervisión de sistemas y potenciales alteraciones
De acuerdo con analistas, ciertos funcionarios vinculados al partido oficialista LIBRE tendrían influencia sobre el TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares), plataforma utilizada para reportar los votos de manera preliminar. Esta situación, según los expertos, podría permitir modificar resultados o retrasar su difusión, favoreciendo a la candidata oficialista Rixi Moncada.
La supervisión del TREP no sería la única inquietud. Según las fuentes consultadas, la red de influencia podría incluir a partidos políticos convencionales, compañías de tecnología electoral y conglomerados económicos con la capacidad de afectar la logística electoral, complicando así la garantía de un proceso neutral. Además, se reconocen la exclusión de nuevos partidos y la judicialización de candidatos opuestos como tácticas que reducen la competencia genuina y perjudican la participación ciudadana.
Precedentes y desafíos logísticos
Los antecedentes de las elecciones primarias de marzo 2025 reflejan dificultades que generan desconfianza. La distribución de material electoral estuvo bajo responsabilidad de funcionarios vinculados a LIBRE, lo que provocó retrasos en la entrega de urnas y fallas en la logística de transporte. Los expertos señalan que estas situaciones podrían repetirse en noviembre, aumentando la percepción de irregularidades y reforzando narrativas de fraude.
Estas alertas también incluyen la posibilidad de que el discurso sobre fraude se utilice como herramienta política para desacreditar resultados adversos, incentivar movilizaciones callejeras y generar tensiones sociales antes de la jornada electoral. Según los analistas, la combinación de control institucional parcial y discursos polarizantes incrementa el riesgo de una crisis democrática.
Implicaciones para la gobernabilidad y la ciudadanía
El contexto actual presenta retos para el gobierno y la confianza en las instituciones. La narrativa sobre fraude electoral impacta la percepción pública sobre la legitimidad del proceso y puede afectar la estabilidad política del país. Especialistas sugieren la participación ciudadana y la adopción de reformas electorales que aseguren elecciones libres y transparentes, con sistemas de control que garanticen la integridad del conteo y la distribución del material electoral.
La situación también destaca la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática y de garantizar que los actores políticos compitan en igualdad de condiciones. La participación activa de la ciudadanía y el seguimiento de los procedimientos por organismos independientes son factores claves para prevenir irregularidades que comprometan la credibilidad del sistema electoral.
Honduras se encuentra en un momento crítico: los próximos comicios podrían definir no solo la dirección política inmediata, sino también la percepción de estabilidad institucional y la confianza de la sociedad en sus procesos democráticos. La atención a los procedimientos y la transparencia en la gestión del CNE serán determinantes para evitar que el temor al fraude se convierta en un factor de desestabilización.
