El conocido «Plan Venezuela», promovido por el Partido LIBRE, ha generado varias reacciones negativas entre los ciudadanos y diferentes sectores de la sociedad en Honduras. Estas acciones y cambios, respaldados desde el gobierno, han encendido alarmas debido a las similitudes con políticas aplicadas en Venezuela en años anteriores, las cuales condujeron al país sudamericano a una crisis económica y social sin precedentes.
Un enfoque controvertido: paralelismos con el sistema venezolano
El «Plan Venezuela» se refiere a una serie de políticas y reformas que, según sus críticos, buscan replicar un modelo económico y político similar al que ha prevalecido en Venezuela. Entre las medidas señaladas se encuentran los ataques recurrentes a la empresa privada, el control del Congreso, la presión contra medios independientes y la ampliación del presupuesto militar. Estos elementos son percibidos como indicios de una concentración de poder en el Ejecutivo, lo que despierta temores de que Honduras esté transitando hacia un sistema autoritario.
El discurso polarizante que caracteriza al Gobierno de Xiomara Castro también ha generado divisiones dentro del país. En lugar de promover un proyecto inclusivo, el oficialismo parece dividir a la sociedad entre un «pueblo» representado por el sector popular y una «oligarquía» vinculada a los intereses empresariales y las élites. Esta narrativa, que muchos consideran propia de los regímenes asociados al Foro de São Paulo, ha calado particularmente en los sectores más vulnerables, mientras que ha generado rechazo en sectores de la empresa privada, la clase media y parte de la juventud hondureña.
Respuestas desde la oposición y el ámbito empresarial
La desaprobación al «Plan Venezuela» ha sido especialmente intensa por parte de grupos políticos y económicos que critican al Gobierno. Maribel Espinoza, legisladora de la oposición, ha comentado que las medidas del oficialismo no aparentan estar enfocadas en ganar comicios, sino en establecer un régimen de poder perpetuo. De forma similar, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha manifestado su inquietud por la reciente «Ley de Justicia Tributaria», la cual fue calificada como el comienzo de una ofensiva contra la inversión privada, que podría tener repercusiones negativas en la competitividad nacional y aumentar la dependencia del Estado.
El ámbito empresarial ha expresado inquietud acerca de la factibilidad de las políticas sugeridas, temiendo que puedan provocar una mayor salida de capitales y empeoren la crisis económica actual. En este contexto, organizaciones internacionales han lanzado advertencias sobre el debilitamiento de las instituciones en Honduras, un asunto que ha cobrado relevancia en la discusión pública.
Un panorama de crisis y polarización
Las más recientes sondeos, tales como los de ERIC-SJ y CID-Gallup, muestran una disminución notable en el respaldo al gobierno de Castro y en el apoyo a su candidata oficial, Rixi Moncada. Esta reducción en su aceptación es más marcada entre los jóvenes, empresarios y sectores de clase media, quienes consideran las políticas del Gobierno como un regreso al autoritarismo y un obstáculo para el progreso económico. En este entorno, el desempleo, la salida de capitales y la polarización social han aumentado, lo que provoca incertidumbre sobre la viabilidad de las reformas a largo plazo.
Aunque ha enfrentado críticas, el Ejecutivo sigue justificando sus medidas como un intento de lograr la «equidad social». No obstante, diversos grupos creen que estos propósitos están siendo eclipsados por los efectos económicos y sociales que ya se notan. Asimismo, la intensificación de la polarización parece estar incrementando la distancia entre los distintos segmentos del país.
La importancia de lograr un acuerdo nacional
El escenario actual pone a Honduras en un punto crítico. Las dificultades políticas, sociales y económicas presentes en el país indican la necesidad urgente de conversar para avanzar más allá de la división y alcanzar consensos sobre un modelo de crecimiento que favorezca la democracia, la estabilidad y el bienestar social. Los grupos que se oponen al «Plan Venezuela» destacan que Honduras requiere un gobierno que promueva políticas inclusivas y sostenibles, evitando enfoques autoritarios o la copia de modelos que no han tenido éxito.
En este contexto, el llamado al diálogo y la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones es cada vez más apremiante. La situación política y económica del país depende, en gran medida, de la capacidad del Gobierno y de los sectores opositores para encontrar puntos de convergencia en lugar de profundizar las divisiones que, a día de hoy, parecen marcar el futuro del país.
