En un entorno de vulnerabilidad social significativa y continuas tensiones económicas, el rendimiento macroeconómico de Honduras en 2025 muestra indicios mixtos. A pesar de que las proyecciones oficiales predicen un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) entre el 3.5 % y el 4 %, varios estudios coinciden en que este ritmo no es suficiente para contrarrestar los elevados índices de pobreza y desigualdad que impactan a más del 60 % de los habitantes, especialmente en áreas rurales y entre los jóvenes.
Desarrollo restringido ante una pobreza estructural
El avance económico, aunque sigue siendo positivo, no se ha convertido en beneficios reales para la mayoría de la población en Honduras. Expertos especializados señalan que este comportamiento no se debe a una transformación productiva ni a políticas de redistribución sostenibles, sino más bien a una tendencia que deja al país atrapado en un ciclo de baja productividad y gran dependencia del exterior.
La circunstancia es especialmente crítica para los sectores que han sido históricamente excluidos del avance económico. Las áreas rurales, que presentan elevados niveles de pobreza multidimensional, y la juventud enfrentan obstáculos constantes para acceder a empleos decentes, educación técnica y servicios públicos de calidad, lo cual impide el ascenso social y perpetúa ciclos de marginación entre generaciones.
Desempleo juvenil, informalidad y precarización del trabajo
La configuración del mercado de trabajo muestra un empeoramiento que supera los indicadores de la economía a gran escala. De acuerdo con la información más reciente, más de 386.000 individuos han dejado de participar en la fuerza laboral al cesar su búsqueda activa de trabajo. Además, se añaden 1,6 millones de empleados en situaciones de trabajo informal o subempleo, sin acceso a la seguridad social ni a derechos laborales fundamentales.
La desocupación entre los jóvenes representa una de las situaciones más preocupantes de este panorama. Más de 750.000 jóvenes no pueden conseguir empleo y se estima que al menos 150.000 nuevos casos surgirán durante 2025. Esta marginación impacta profundamente en la cohesión social, favoreciendo la migración obligada o, en escenarios más difíciles, la participación de jóvenes en actividades económicas ilegales.
A su vez, la informalidad y los salarios por debajo del mínimo dificultan la cobertura de necesidades básicas. El costo de la canasta básica ronda los 15.500 lempiras mensuales, una cifra inalcanzable para buena parte de los hogares, lo que empuja a las familias a estrategias de sobrevivencia como el endeudamiento o la migración.
Inflación persistente y endeudamiento familiar
La inflación anual continúa por encima del 4.5 %, afectando directamente a los alimentos, servicios públicos y productos esenciales. Este fenómeno reduce el poder de compra de las familias y amplía la diferencia entre ingresos y costo de vida.
Asimismo, se ha observado un aumento continuo en la deuda de las familias hondureñas, limitando aún más su capacidad de consumo y ahorro. Al mismo tiempo, aproximadamente el 40 % de las compañías no paga el salario mínimo, lo que refleja una deficiente regulación del mercado laboral y una escasa capacidad de control estatal.
Violencia, migración y fractura del tejido social
La inestabilidad financiera está conectada con diversos riesgos que impactan de manera directa en la cohesión social. Honduras sigue estando entre las naciones con los índices más altos de violencia en el mundo, una situación impulsada por la falta de empleo, las disparidades sociales y la carencia de oportunidades.
La emigración continúa siendo una opción común para muchos hondureños, especialmente los más jóvenes. Las remesas, que constituyen aproximadamente un 25 % del PIB del país, apoyan a una gran parte de la población. Sin embargo, también muestran una creciente dependencia de fuentes de ingresos externas y exponen al país a inestabilidades frente a las políticas migratorias de otras naciones, como Estados Unidos.
La ausencia de trabajo y de oportunidades económicas no solo fomenta la migración, sino que también acelera la ruptura del tejido social, ya que deja a grandes segmentos de la población al margen del sistema productivo y de las redes de protección gubernamental.
Un panorama que desafía la gestión gubernamental
El desfase entre los datos macroeconómicos y la vida diaria de los hondureños representa retos importantes para las instituciones. Aunque los mensajes gubernamentales recalcan signos de estabilidad, la estructura económica actual muestra un sistema que no logra mitigar la exclusión ni disminuir las debilidades sociales.
La falta de conexión desafía la validez de las medidas gubernamentales y resalta la importancia de implementar cambios dirigidos a la inclusión económica, la creación de trabajos decentes y el refuerzo de los sistemas de protección social. En un entorno donde aumentan la migración, la violencia y el descontento social, la estabilidad del sistema económico y político del país depende de la habilidad para abordar estas cuestiones fundamentales con soluciones profundas.
