El Poder Judicial de Perú resolvió extender por 12 meses adicionales la prisión preventiva del expresidente Pedro Castillo, al sostener que persiste un elevado riesgo de fuga y que la causa abierta presenta una notable complejidad. Con esta disposición, su encarcelamiento se prolonga hasta el 9 de marzo de 2027, dentro del proceso que investiga una presunta organización criminal, así como posibles actos de tráfico de influencias y colusión que se habrían desarrollado durante su administración.
Según la resolución emitida, el juez Edhin Campos Barranzuela subrayó que Castillo no cuenta con arraigos familiares, laborales ni domiciliarios firmes. La fiscalía indicó que sus parientes más cercanos, entre ellos su esposa y sus hijos, viven actualmente en México bajo asilo diplomático. Asimismo, el apoyo político manifestado por autoridades extranjeras, como los mandatarios de México y de otras naciones, incrementa la posibilidad de que Castillo intente eludir a la justicia.
El tribunal fundamentó igualmente la ampliación de la prisión preventiva por la complejidad del caso, un proceso amplio que abarca a más de 90 personas investigadas y múltiples líneas de indagación aún en curso. Entre las diligencias pendientes figuran peritajes contables y técnicos vinculados con presuntas irregularidades en contratos públicos, como la licitación del puente Tarata y adquisiciones efectuadas mediante PetroPerú. Estas pesquisas se orientan a esclarecer una posible malversación de fondos y el consecuente daño económico causado al Estado.
A estos argumentos se suma la condena ya vigente contra Castillo por conspiración para la rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Actualmente, cumple una pena de 11 años en el penal de Barbadillo, condenado por dicho intento de disolver el Congreso y reorganizar el sistema de justicia. Aunque este fallo ha sido apelado por su defensa, también ha sido citado como un factor que refuerza los peligros de una posible evasión.
Adicionalmente, el Poder Judicial amplió por un periodo de 20 meses el tiempo destinado a las investigaciones preparatorias relacionadas con el caso de corrupción, con la finalidad de profundizar en cada línea de investigación y revisar todas las evidencias, incluso aquellas que alcanzan a exministros y a personas del entorno más cercano de Castillo.
Por su parte, la defensa del exmandatario consideró que la resolución emitida por la fiscalía resultaba excesiva y no respondía a un propósito procesal claro. Sostuvieron que no existen elementos suficientes para asegurar que Castillo intente eludir a la justicia y cuestionaron que se interpreten gestos de líderes extranjeros como señales de una actitud evasiva. Añadieron además que otras fiscalías llevan los casos vinculados y que no hay fundamento para reunir cargos en su contra dentro de este expediente.
Finalmente, el magistrado insistió en que subsiste un «entorno internacional favorable para una eventual evasión». México, bajo asilo diplomático, ha recibido y protegido a familiares directos de Castillo y a exfuncionarios de confianza durante su administración. Estas circunstancias refuerzan el peligro concreto de fuga identificado por las autoridades peruanas.
Fuente: El Comercio | Pedro Castillo y Geiner Alvarado: ¿Cuáles son los argumentos del PJ para ampliar la prisión preventiva en caso de presunta corrupción?