A diez meses de haberse publicado el video que conecta a un importante personaje del círculo presidencial con actividades del narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados claros. La falta de acción del Ministerio Público ante un escándalo que afecta al entorno más cercano de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y ha generado una mayor desconfianza en las instituciones.
Fiscalía sin respuestas claras ante un caso de alto impacto
Desde que en septiembre de 2024 se difundiera el video conocido como el “narcovideo” donde aparece Carlos Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, en una reunión con narcotraficantes, la Fiscalía no ha emitido acusaciones formales ni avances procesales verificables. En la grabación, los interlocutores ofrecen 13 millones de lempiras para financiar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que hoy gobierna.
Luego de la filtración, Carlos Zelaya dimitió de su posición como diputado y secretario del Congreso Nacional. Igualmente, su hijo, José Manuel Zelaya, renunció a su rol de secretario de Defensa. Rafael Sarmiento, líder del grupo oficialista, también ofreció su dimisión. No obstante, aparte de estas renuncias, no se han tomado medidas legales específicas.
La Fiscalía ha comunicado que el asunto está “en revisión”, habiéndose solicitado colaboración legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentación relacionada con procesos judiciales anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado sobre los resultados de estas gestiones, ni se ha divulgado un plan de investigación al público.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video provocó una serie de respuestas de varios ámbitos. La mandataria Xiomara Castro rechazó cualquier asociación de figuras políticas con organizaciones delictivas, aunque describió la divulgación como un esfuerzo por desestabilizar su administración con vistas a los comicios de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones ponen de manifiesto una creciente fricción en el escenario político del país, donde las demandas de rendición de cuentas se enfrentan a una reacción institucional vista como inadecuada. La ausencia de medidas específicas por parte del Ministerio Público ha fortalecido la idea de impunidad en asuntos que involucran a personas cercanas al poder.
Debilitamiento institucional en un escenario de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este asunto toma importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el oficialismo intenta reducir el efecto del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social por claridad y equidad se sostiene como un punto de presión continuo.
Un ejemplo que define el ritmo de la institucionalidad en Honduras
A casi un año de haberse publicado, el narcovideo todavía no ha tenido repercusiones legales notables, mientras crecen las críticas hacia el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura informativa. La prolongada inacción sigue debilitando la legitimidad de las instituciones en un país caracterizado por su trayectoria de impunidad y la constante presencia del crimen organizado en la esfera política.
El manejo de este caso representa no solo un reto inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una prueba crítica para la solidez del Estado de derecho en Honduras. La manera en que se resuelva o se omita marcará el curso de la credibilidad institucional de cara a un proceso electoral altamente polarizado.
