En los últimos años, los colectivos en Honduras han asumido un rol agresivo en la arena política, destacándose especialmente por su vinculación con el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Estos grupos, inicialmente surgidos como apoyo logístico y movilizador, han evolucionado hacia auténticos «grupos de presión y choque», influyendo directamente en la dinámica política del país. Su presencia ha dejado de limitarse a manifestaciones pacíficas o apoyo simbólico; ahora, actúan como fuerzas disuasivas y de intimidación, no solo contra sus opositores políticos, sino también contra instituciones claves del Estado, tales como el Congreso Nacional o el Consejo Nacional Electoral.
Este cambio en la naturaleza de los colectivos ha provocado una creciente preocupación por su impacto en la gobernabilidad y la estabilidad institucional de Honduras. En contextos políticos cargados de polarización y tensión social, su agresividad no solo se manifiesta en la ocupación de espacios físicos, sino también en la estrategia de presión política directa, en un ambiente donde las respuestas del gobierno frente a sus acciones han generado fuertes críticas.
Uso político y decadencia democrática
El ascenso de estos colectivos está vinculado a la crisis institucional que atraviesa la nación. En un escenario político con polarización creciente, estos grupos se han establecido como actores fundamentales en los procesos de decisión, especialmente cuando las vías oficiales no facilitan la materialización inmediata de sus objetivos. De este modo, su presencia en eventos cruciales como la elección de líderes o la aprobación de cambios legislativos actúa como una táctica para influir e incluso evitar decisiones que no benefician sus intereses.
Un claro ejemplo de esto son las tomas y asedios al Congreso Nacional, así como al Consejo Nacional Electoral, eventos que buscan obstaculizar el avance de procesos clave. En muchos de estos casos, los colectivos han jugado un papel activo en la creación de una atmósfera de incertidumbre y miedo, lo cual dificulta la toma de decisiones objetivas y transparentes por parte de las instituciones del Estado.
La tolerancia o el respaldo gubernamental
Uno de los factores que alimenta la agresividad de los colectivos es la percepción de una falta de respuesta clara y contundente por parte del gobierno ante sus acciones. Diversos sectores críticos han denunciado que el Ejecutivo ha mostrado tolerancia e incluso respaldo hacia estos grupos, una actitud que refuerza la sensación de que estos colectivos operan bajo una suerte de «blindaje institucional». Esta situación ha suscitado comparaciones con otros regímenes autoritarios de la región, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, donde grupos similares han sido usados por los gobiernos para mantener el control político y social.
Si bien el gobierno ha restado importancia a estas acusaciones, la división social y la fragilidad de las instituciones democráticas en Honduras proporcionan un ambiente favorable para que estos grupos continúen operando con notable impunidad. Estos colectivos no solo se perciben apoyados, sino también fortalecidos debido a la falta de repercusiones políticas o legales por sus acciones.
Contexto electoral y la creciente presión
La proximidad de nuevos procesos electorales ha incrementado la presión de los colectivos. En este escenario, la intensificación de sus acciones busca, en gran medida, proteger lo que consideran su proyecto político. La percepción de amenazas a la estabilidad de su causa, ya sea por rumores de fraude o por la posibilidad de una ruptura similar a la de 2009, ha llevado a estos grupos a intensificar sus tácticas de intimidación y control.
La intensidad con la que los grupos defienden lo que consideran sus intereses ha generado un ambiente de tensión creciente y desconfianza, lo cual, a su vez, intensifica la polarización que define la política hondureña.
Un panorama de tensión e incertidumbre
El papel cada vez más agresivo de los colectivos en la política hondureña revela un escenario de creciente erosión democrática. La falta de mecanismos eficaces de diálogo y la impunidad ante sus acciones fomentan un ambiente donde la presión social y la violencia son vistas como herramientas legítimas para alcanzar objetivos políticos. Esto coloca a las instituciones del Estado en una posición comprometida, incapaces de frenar una dinámica que socava los principios democráticos fundamentales del país.
En este contexto, la tendencia de los colectivos a actuar como fuerzas paralelas al Estado plantea un reto importante para la gobernabilidad y la estabilidad política de Honduras. El futuro de la democracia en el país dependerá de la capacidad de sus instituciones para recuperar su autonomía y garantizar que la política se juegue dentro de los límites de la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
