A tan solo cinco meses de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación delicada, caracterizada por divisiones internas, acusaciones de corruptelas y una notable caída en las encuestas de votación. En un panorama electoral cada vez menos predecible, el desgaste que ha sufrido el partido que gobierna podría llevar a la conclusión de su tiempo en el poder.
Rupturas internas y falta de unidad
La elección de Rixi Moncada como la candidata oficialista dejó expuestas tensiones acumuladas dentro de LIBRE. La posterior renuncia del diputado Jorge Cálix, una figura con trayectoria dentro de la organización, evidenció la existencia de desacuerdos profundos sobre el rumbo político y el estilo de conducción del partido. Cálix, junto a otros dirigentes que también abandonaron la agrupación, denunció prácticas autoritarias y una cultura de exclusión.
En consecuencia, los líderes del partido organizaron manifestaciones en apoyo de la presidenta Xiomara Castro y también de Moncada. Sin embargo, estos eventos no consiguieron cambiar la impresión de una institución debilitada, y varios grupos los ven como esfuerzos para mantener el poder político en un contexto desfavorable.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró tras conocerse las supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), en las que legisladores cercanos al gobierno fueron acusados de malversar recursos destinados a programas sociales. El caso más significativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue comunicada junto a la cancelación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia en masa del partido al fuero legislativo.
Aunque estas resoluciones parecen firmes, los grupos opositores, particularmente el Partido Nacional, las describieron como movimientos meramente simbólicos para distraer la atención. De acuerdo con sus representantes, las medidas del gobierno no han supuesto sanciones verdaderas ni investigaciones concretas que aseguren la rendición de cuentas.
Inquietud en el sector privado y solicitudes para detener la degradación institucional
Las criticas no han estado restringidas al entorno político. Desde el mundo empresarial, figuras importantes han mostrado su inquietud por la dirección que está tomando la nación. En un discurso reciente, Eduardo Facussé, quien fue presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), culpó al gobierno directamente de traicionar la voluntad popular mediante acciones que, según su opinión, comprenden nepotismo, manejo arbitrario de los fondos del estado y falta de claridad en casos significativos como SEDESOL, el fraude Koriun y acusaciones sobre supuestos lazos con organizaciones delictivas.
Facussé advirtió sobre el debilitamiento de la institucionalidad y llamó a la ciudadanía a defender el Estado de Derecho ante lo que consideró un intento de consolidar un modelo autoritario y financieramente insostenible.
Caída en los sondeos y reordenamiento del panorama electoral
Las encuestas de opinión más recientes reflejan un descenso acelerado de LIBRE en la intención de voto. De acuerdo con los datos recopilados entre mayo y junio, el apoyo al partido oficialista ha oscilado entre el 11 % y el 28.5 %, cifras muy por debajo del 42 % registrado en marzo. Esta tendencia descendente, junto con la volatilidad entre encuestas, sugiere una base electoral fragmentada y en busca de alternativas.
En paralelo, candidatos opositores como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han ganado terreno, alcanzando niveles de apoyo que rondan entre el 25 % y el 36 %. Las calificaciones ciudadanas también son indicativas del desgaste del gobierno: la presidenta Xiomara Castro recibe una evaluación promedio de apenas 4.1 sobre 10, en un contexto marcado por escándalos no resueltos y una creciente percepción de ineficacia.
Un panorama incierto para el oficialismo
La situación presente pone a LIBRE ante un reto de considerable envergadura. La mezcla de problemas internos, debilitamiento institucional, falta de confianza y oposición popular ha erosionado su situación rumbo a los comicios generales. Si esta tendencia persiste, el partido en el gobierno podría no solo perder el mando del Ejecutivo, sino también poner en riesgo la iniciativa política que lo llevó al poder en 2021.
En este contexto, el resultado estará determinado por la habilidad del partido para reorganizarse internamente, abordar las demandas sociales y proporcionar soluciones concretas ante las acusaciones de corrupción. Si no lo logra, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
