La reciente divulgación de encuestas electorales ha mostrado un retroceso significativo de la candidata de LIBRE, Rixi Moncada, quien se ubica en un lejano quinto lugar en la intención de voto, detrás incluso de los indecisos y del segmento que declara “Ninguno”. Este resultado ha generado preocupación sobre la posible afectación de la transparencia electoral en el país.
Señalamientos de maniobras políticas
Analistas y dirigentes de partidos opositores han señalado la existencia de estrategias por parte del partido LIBRE y del Gobierno para asegurar la permanencia en el poder ante la caída en popularidad de su candidata. Entre las denuncias se mencionan aumentos salariales y bonos selectivos para altos mandos militares, lo que algunos actores políticos interpretan como una forma de influencia sobre las fuerzas armadas en el proceso electoral.
Asimismo, se apunta al control del Consejo Nacional Electoral, la supuesta manipulación de los padrones y obstáculos en la transmisión de resultados como elementos que podrían comprometer la credibilidad de los comicios.
Reacción ciudadana y monitoreo internacional
La información difundida ha generado un aumento de la vigilancia social y mediática. Usuarios de redes sociales, organizaciones ciudadanas y observadores internacionales han enfatizado la importancia de supervisión y acompañamiento para garantizar la voluntad popular el próximo 30 de noviembre.
La tensión se ha propagado asimismo a encuentros internacionales, donde expertos en gestión pública y sistemas democráticos han puesto de manifiesto los peligros de un posible fraude electoral masivo para la estabilidad de las instituciones y la credibilidad ciudadana en los procedimientos democráticos.
Repercusiones políticas y orgánicas
La disminución del respaldo a Rixi Moncada en las encuestas ha causado un desequilibrio político, inclinando la balanza hacia la oposición. Esta situación subraya la urgencia de robustecer los sistemas de fiscalización y supervisión electoral, además de asegurar la equidad de los organismos responsables de gestionar las elecciones.
El movimiento LIBRE se enfrenta por tanto a un reto dual: conservar la unidad interna frente a la disminución del respaldo de la ciudadanía y hacer frente a las acusaciones de estrategias electorales, mientras la comunidad exige la salvaguarda de los derechos democráticos y la pureza del sufragio.
La situación actual pone de manifiesto una creciente discrepancia entre la legalidad política y la observación ciudadana, enfocándose primordialmente en la manera en que las determinaciones tomadas por entes gubernamentales y partidos políticos llegan a incidir en la fe pública y la impresión de equidad de las instituciones democráticas en Honduras.
