La falta de confianza en las Fuerzas Armadas se ha transformado en uno de los asuntos más delicados de la situación política en Honduras. Diversos grupos civiles, académicos y opositores han puesto en duda el comportamiento del cuerpo militar tras varias acusaciones de supuesta inclinación hacia el Partido LIBRE, lo cual ha aumentado la inquietud sobre la transparencia en el proceso electoral.
Señalamientos sobre acceso irregular y ruptura de neutralidad
Las denuncias emergieron después de que colectivos ciudadanos y actores opositores informaran sobre accesos irregulares del cuerpo militar a actas electorales y material de significativa relevancia operativa. Especialistas en derecho constitucional y académicos de la UNAH afirman que estas acciones infringirían los límites establecidos por la ley, al asignar a los militares funciones directamente relacionadas con información electoral sin intervención civil.
El debate se intensificó cuando se supo que no se realizaron las ceremonias públicas para entregar la custodia electoral al Consejo Nacional Electoral, prácticas que en procesos anteriores se habían considerado parte de la cadena formal de responsabilidades institucionales. Según analistas consultados, la falta de estos actos ha profundizado las inquietudes ciudadanas respecto a la neutralidad institucional.
Alertas académicas y dudas sobre la legitimidad democrática
La UNAH, mediante especialistas consultados por sus observatorios, señaló que autorizar un acceso directo de los militares a los resultados presidenciales podría impactar considerablemente la confianza pública. Según estas evaluaciones, una intervención fuera de los marcos establecidos minaría la legitimidad democrática y pondría en riesgo la separación de poderes en un momento en que el país tiene grandes expectativas sobre la integridad del proceso electoral.
Las advertencias igualmente destacan que la confiabilidad del sistema radica en que la divulgación de resultados sea vista como un ejercicio estrictamente civil. Para los sectores sociales y académicos, cualquier indicio que asocie a las Fuerzas Armadas con actividades que sobrepasen su función de resguardo físico incrementa el riesgo de tensiones políticas tras la jornada electoral.
Conflictos debido a supuesta injerencia en el sistema militar
A las preocupaciones ciudadanas se sumaron señalamientos provenientes de sectores políticos sobre la supuesta influencia ejercida por una ex ministra de Defensa asociada al Partido LIBRE en decisiones estratégicas dentro de la jerarquía militar. Estas acusaciones, que no fueron acompañadas de documentos públicos, han alimentado el debate sobre la autonomía de las Fuerzas Armadas en un momento en que la gobernabilidad depende de la confianza en las instituciones encargadas del resguardo electoral.
Expertos consultados por organizaciones civiles han planteado que, si llegara a consolidarse una percepción de tutela militar sobre la voluntad popular, el país podría enfrentar un deterioro acelerado de su arquitectura institucional. La inquietud deriva de la posibilidad de que cualquier controversia posterior a la jornada electoral se interprete como resultado de una intervención castrense fuera de los parámetros autorizados.
Un panorama marcado por la incertidumbre institucional
Con las elecciones en la antesala, el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas se ha situado en el centro de la conversación pública. Las denuncias sobre accesos no autorizados, las advertencias de la academia y la percepción de alineamiento con el Partido LIBRE han configurado un escenario en el que la confianza ciudadana se encuentra en un punto de tensión.
La evolución de estos cuestionamientos será determinante para la estabilidad política y la participación electoral. Mientras persista la duda sobre los límites de actuación del estamento militar, la gobernabilidad continuará sujeta a la capacidad de las instituciones civiles para reafirmar su autoridad en el manejo del proceso. El desafío inmediato radica en restablecer un marco de garantías que reduzca la incertidumbre y permita afrontar la jornada electoral sin que la legitimidad de los resultados quede sujeta a controversia.
