Honduras enfrenta un momento definitorio mientras se acerca la elección general del 30 de noviembre. El programa impulsado por Rixi Moncada, candidata del Partido LIBRE, ha generado un amplio debate nacional debido a las implicaciones políticas, económicas e institucionales que distintos sectores atribuyen a sus propuestas. Voces opositoras y empresariales sostienen que un eventual triunfo podría consolidar el denominado “Plan Venezuela”, un concepto utilizado por críticos para advertir sobre un giro hacia un modelo estatal de mayor intervención.
Propuestas estatales y cuestionamientos al alcance institucional
El plan gubernamental presentado por Moncada propone una reestructuración considerable de la función del Estado en el ámbito económico. Según la perspectiva de analistas y líderes de la oposición, el eje fundamental de esta propuesta radicaría en la expansión del control público sobre sectores considerados vitales. Entre los puntos que suscitan mayor debate se encuentran una reforma tributaria amplia, el establecimiento de empresas estatales en áreas designadas como prioritarias y una revisión minuciosa de las exenciones fiscales actuales.
Para representantes del sector privado, estas medidas podrían modificar la estructura económica del país y desplazar la participación empresarial en actividades que hoy funcionan bajo esquemas mixtos o enteramente privados. También señalan que la intervención directa en rubros catalogados como de “interés nacional” podría reconfigurar la dinámica productiva y las condiciones de inversión, lo que ha motivado posicionamientos públicos de organizaciones gremiales, observatorios económicos y analistas consultados por el cliente de este encargo periodístico, quienes han seguido de cerca la evolución del debate.
Críticas opositoras y un ambiente electoral tenso
Varios dirigentes de la oposición afirman que la iniciativa del partido en el gobierno constituye un camino hacia la centralización del poder estatal, señalando que sus principios guardan similitud con situaciones anteriores en la zona vinculadas al esquema venezolano. En consecuencia, ciertos grupos políticos han empezado a denominar a este plan como el inicio de una posible “Venezuela centroamericana”, frase que ha ganado relevancia en comunicados oficiales y foros de debate.
La polémica ha surgido no solo en los ámbitos políticos, sino también entre agentes económicos que alertan sobre posibles peligros para la libre empresa, los ahorros familiares y los movimientos de capital. Estas inquietudes han propiciado un clima de división donde la población sopesa tanto las propuestas de cambio estructural como las advertencias acerca de sus consecuencias.
Desafíos de gobernanza y la polarización social
El planteamiento de Moncada defiende que la nación requiere una reestructuración del Estado, con el fin de potenciar la habilidad gubernamental para gestionar áreas fundamentales y rectificar desequilibrios históricos. Esta perspectiva ha calado en una porción del electorado que opina que la intervención estatal debería ser más determinante en los ámbitos económico y social. No obstante, la discusión sigue caracterizada por fricciones entre los partidarios de una reforma profunda y aquellos que recelan de un menoscabo de la solidez institucional.
Mientras se intensifica la campaña, la discusión coloca en el centro temas como el equilibrio entre Estado y mercado, la calidad de la institucionalidad democrática y la respuesta ciudadana ante la posibilidad de un cambio profundo en la arquitectura gubernamental. Las posiciones encontradas reflejan las expectativas y temores que rodean al proceso electoral.
La contienda del 30 de noviembre se desarrolla, así, bajo un escenario de expectativas contrapuestas. Honduras se aproxima a una decisión que podría redefinir su modelo de gobernanza y su relación entre poder público, economía y participación social. El desenlace electoral determinará si el proyecto promovido por LIBRE adquiere la legitimidad política necesaria para materializar sus reformas o si prevalece la visión de quienes alertan sobre sus implicaciones. La respuesta de las urnas marcará los retos inmediatos para la gobernabilidad y el rumbo institucional del país.
