En Honduras, el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua desarrollado por la Compañía Eléctrica Centroamericana (CECA) ha generado fricciones con la comunidad indígena lenca de Sazagua, ubicada en el departamento de La Paz. De acuerdo con diversas denuncias, la obra se levantó sobre terrenos que originalmente estaban destinados a la reforma agraria, los cuales habrían sido adquiridos de forma irregular y con precios notablemente inflados.
Los habitantes de Sazagua aseguran que la hidroeléctrica fue construida sin su consentimiento, como exige el derecho a la consulta previa, libre e informada. El conflicto se remonta a 2009, cuando algunos miembros de la comunidad notaron la presencia de maquinaria en sus tierras sin acuerdos previos. José Portillo, uno de los afectados, señaló que su familia fue intimidada por la empresa luego de intentar reclamar sus propiedades. Tanto él como sus parientes enfrentan, actualmente, cargos legales bajo acusaciones de usurpación, mientras la empresa continúa operando.
Las tierras utilizadas para el proyecto incluyen terrenos protegidos bajo la Ley de Reforma Agraria, que prohíbe su venta o uso para fines distintos a los agrícolas. Documentos oficiales indican que CECA adquirió propiedades al otro lado del río Sazagua a precios miles de veces superiores a su valor original. Además, el exalcalde de Santiago de Puringla, Javier Argueta Turcios, entregó 45 manzanas de dominio pleno a la empresa sin consultar a la población afectada, lo que ha sido calificado como otra irregularidad.
El impacto ambiental es igualmente alarmante. La comunidad denuncia que el desvío del río Sazagua ha afectado la biodiversidad, contaminado el agua y reducido el acceso a este recurso vital. Además, las promesas iniciales de empleo y desarrollo social nunca se cumplieron, lo que ha incrementado la pobreza y la desigualdad en la región.
Las irregularidades vinculadas con este proyecto también alcanzaron a la Secretaría de Recursos Naturales (Serna). En 2015, la institución sancionó a CECA por alterar de forma ilegal la capacidad de generación de la hidroeléctrica, incrementándola de 7.3 a 9.6 megavatios de potencia sin tramitar una nueva licencia ambiental. Aunque la sanción fue simbólica, el proyecto continuó en funcionamiento y siguió aportando beneficios a la empresa.
El caso de Puringla-Sazagua no es único en Honduras. Diversos proyectos extractivistas se han implementado en tierras indígenas y campesinas, generando conflictos sociales y ambientales. A pesar de las denuncias locales y los informes sobre violaciones a derechos, las instituciones estatales no han priorizado soluciones que protejan a las comunidades afectadas.
Este proyecto es un reflejo de las desigualdades y tensiones históricas en el país, donde las promesas de desarrollo han sido utilizadas para beneficiar a pocos, dejando a la mayoría en situaciones de vulnerabilidad y desplazamientos forzados.
Procedencia: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/11/18/hidroelectrica-construida-irregularmente-en-tierras-de-la-reforma-agraria-amenaza-a-comunidad-indigena-en-honduras/])
