Honduras discute la estabilidad económica tras propuesta de Rixi Moncada de eliminar la Central de Riesgos

La aspirante a la presidencia de LIBRE, Rixi Moncada, comunicó que si asume el cargo, promoverá la eliminación de la Central de Riesgos comenzando el 27 de enero de 2026. Esta iniciativa, planteada como una forma de incrementar el acceso al crédito y «democratizar la economía», ha generado un intenso debate político y económico en Honduras, ya que enfrenta opiniones divergentes sobre la viabilidad de las entidades financieras y el efecto en las personas endeudadas.

Una aproximación innovadora en el sector financiero

Moncada afirma que más de dos millones de personas en Honduras están inscritas en la Central de Riesgos y son considerados como «criminales», lo que, según ella, les excluye de posibilidades económicas y de obtener créditos formales. Su propuesta busca restringir lo que califica como monopolios que funcionan con altas tasas de interés en detrimento de pequeños productores y emprendedores.

El proyecto se enmarca en una narrativa de confrontación con sectores empresariales y financieros, donde la candidata de LIBRE busca presentarse como alternativa frente a estructuras que considera excluyentes. Para sus simpatizantes, la medida representa una vía de alivio para familias y trabajadores atrapados en deudas que no logran solventar, a quienes la Central de Riesgos mantiene fuera del circuito crediticio formal.

Reacciones y advertencias de sectores económicos

Desde el sector técnico, las advertencias surgieron rápidamente. El antiguo presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), José Luis Moncada, describió la propuesta como “insensata” y señaló que involucrar la política en el sistema financiero significa “poner en riesgo los recursos de los hondureños”.

Especialistas en economía entrevistados en medios locales han indicado que la desaparición de la Central de Riesgos, sin implementar un sistema sustituto que mantenga la confianza de las entidades financieras e inversionistas, podría resultar en un aumento del costo del crédito, una disminución en la disponibilidad de préstamos y un debilitamiento de la inversión privada.

Los detractores afirman que la acción generaría consecuencias instantáneas en la estabilidad del sistema financiero, al privar a los bancos de un método fundamental para verificar la solidez financiera de quienes piden préstamos. En este contexto, el peligro de incumplimiento podría extenderse a toda la economía, impactando a consumidores y negocios por igual.

División política y conflictos en la sociedad

La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por sectores que ven en la Central de Riesgos un obstáculo para la inclusión económica. Para amplias franjas de la población, la promesa de Rixi Moncada simboliza una posible justicia económica frente a décadas de prácticas financieras que perciben como restrictivas y excluyentes.

En contraste, opositores y expertos consideran que se trata de un movimiento con alto contenido populista, diseñado para captar apoyo electoral inmediato, pero con potencial de desestabilizar a largo plazo la gobernabilidad económica del país. La discusión no solo involucra aspectos financieros, sino también la capacidad de las instituciones para garantizar reglas claras y previsibles en un entorno político ya marcado por la confrontación y la desconfianza.

Un debate abierto sobre gobernabilidad económica

El anuncio de Rixi Moncada ha puesto sobre la mesa uno de los temas más sensibles para la próxima administración: cómo equilibrar el acceso al crédito con la necesidad de mantener un sistema financiero funcional y confiable. La decisión, de materializarse, no solo impactará en las finanzas personales de millones de hondureños, sino también en la relación del Estado con la empresa privada y en la percepción internacional sobre la seriedad de las políticas económicas de Honduras.

El porvenir de la Central de Riesgos se ha transformado en un emblema del dilema entre equidad social y solidez institucional. Con promesas de hacer más accesible la economía y advertencias sobre un posible declive en la confianza financiera, el país se enfrenta a un debate que determinará el camino de su liderazgo y su habilidad para atraer inversiones en los años futuros.

Por Jaime Navarro