Guatemala atraviesa un momento decisivo con la elección del próximo fiscal general, un proceso observado atentamente dentro y fuera del país. La designación quedará en manos del presidente Bernardo Arévalo antes del 17 de mayo, quien deberá asegurar un nombramiento que impulse la transparencia y la justicia, tomando distancia de los controvertidos antecedentes de Consuelo Porras, exfiscal general sancionada por corrupción y por haber debilitado la democracia.
La lista oficial de seis candidatos publicada en el Diario de Centro América incluye a figuras como Beyla Estrada Barrientos, Julio Rivera Clavería, César Ávila Aparicio, Gabriel García Luna, Néctor de León Ramírez y Zoila Morales Valdizón. Este anuncio ha abierto un plazo de 72 horas para que se presenten objeciones formales contra los aspirantes.
Sin embargo, el proceso tampoco ha estado libre de señalamientos, ya que múltiples analistas y organizaciones de la sociedad civil han indicado que por lo menos tres de los seis candidatos arrastran acusaciones de corrupción. Entre ellos, Estrada Barrientos ha sido asociada con resoluciones que habrían beneficiado a personas procesadas por corrupción durante su periodo como jueza de apelaciones, mientras que sobre Rivera Clavería recaen señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado y conexiones con el Gobierno de Otto Pérez Molina, destituido por corrupción. César Ávila Aparicio igualmente despierta inquietudes debido a supuestas irregularidades observadas en su trayectoria académica.
Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Projusticia, advirtió que la lista de candidatos refleja el control de grupos tradicionales dentro de las comisiones de postulación, limitando la capacidad del presidente para elegir un fiscal alineado con su agenda de transparencia. Además, Ibarra señaló que el proceso está judicializado, con más de 20 acciones legales en curso, y que solo una resolución judicial podría llevar a cambiar la lista de candidatos.
A pesar de estas dudas, ciertos especialistas sostienen que aún existen perfiles con la pericia técnica necesaria. Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, resaltó a Zoila Morales Valdizón como una profesional con una trayectoria destacada en la lucha contra el crimen organizado y además mencionó al juez Gabriel García Luna como una opción factible gracias a sus contribuciones dentro del Organismo Judicial.
El presidente Arévalo enfrenta así la ardua tarea de analizar a profundidad los perfiles y tomar una decisión que no solo garantice profesionalismo, sino que también envíe un mensaje de compromiso con la justicia y la lucha contra la corrupción. De no hacerlo, el país corre el riesgo de prolongar la incertidumbre institucional.
Procedencia: Proceso Digital ([https://proceso.hn/guatemala-ante-el-reto-de-elegir-a-un-nuevo-fiscal-general-sin-sospechas-de-corrupcion/])
