La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), estructurada como elemento central de la política social del gobierno vigente, se encuentra en medio de una crisis política seria que pone en riesgo tanto la confianza en el oficialismo como el porvenir del proyecto político liderado por la presidenta Xiomara Castro. La divulgación de un supuesto esquema para el desvío de fondos públicos con propósitos partidistas ha generado un escándalo que pone en peligro uno de los pilares del discurso gubernamental: la batalla contra la corrupción.
Denuncias de uso electoral de fondos sociales
Las primeras averiguaciones, sostenidas por filtraciones y revisiones internas, señalan el uso indebido de fondos que debían ser para programas sociales, desviándolos hacia organizaciones relacionadas con el partido Libertad y Refundación (LIBRE). Un audio entre el exministro de SEDESOL, José Carlos Cardona, y la diputada del partido gobernante, Isis Cuéllar, mostró un acuerdo para enviar dinero a 23 entidades del partido mediante «kits millonarios». La grabación, hecha pública, ha sido vista como una prueba clara de la utilización de recursos estatales con propósitos políticos.
Los documentos oficiales registran pagos de hasta 163.000 lempiras otorgados a individuos con conexiones políticas, como legisladores, aspirantes, empleados administrativos y familiares de autoridades. La utilización genuina de estos recursos, teóricamente dirigidos a iniciativas de emprendimiento, ha sido cuestionada por entidades ciudadanas y grupos opositores, quienes acusan un desvío sistemático de los propósitos iniciales de la estrategia social.
Dimisión del ministro y crisis institucional
En respuesta a la presión pública y al crecimiento del escándalo, José Carlos Cardona presentó su renuncia al frente de la Secretaría. Paralelamente, el Ministerio Público ha iniciado investigaciones sobre al menos 40 transacciones por un monto total de 4.7 millones de lempiras. Aunque el presupuesto aprobado para SEDESOL en 2024 ronda los 950 millones, las denuncias sobre falta de controles y transparencia en la ejecución presupuestaria han generado cuestionamientos más amplios sobre la institucionalidad de los programas sociales.
La presidenta Castro ha exigido auditorías inmediatas, pero desde dentro del propio oficialismo han surgido críticas. Sectores como el Frente Nacional de Resistencia Popular, una de las bases fundacionales del partido en el poder, han condenado lo que llaman un “reparto descarado” de recursos, alertando sobre la creación de una estructura paralela a la institucionalidad estatal. Estas tensiones internas reflejan una creciente desconfianza, incluso entre quienes respaldaron el proyecto de cambio promovido desde el año 2021.
Desgaste del capital político y peligro electoral
La coyuntura presente representa un obstáculo considerable para la estabilidad gubernamental y su perspectiva de cara a los comicios de 2025. El empleo de recursos estatales para actividades proselitistas no solo ha afectado la reputación del Ejecutivo, sino que también ha avivado la discusión sobre la transparencia del sistema electoral de Honduras. La división en el Congreso y las fricciones dentro del grupo oficialista complican cualquier esfuerzo por lograr una recomposición rápida.
El asunto SEDESOL se enmarca en un panorama más amplio de insatisfacción social debido a la continuidad de prácticas asistencialistas y la ausencia de transparencia. El desánimo de la población contrasta con las expectativas creadas durante la campaña electoral que llevó a Xiomara Castro al poder, prometiendo la transformación del Estado y la eliminación de las estructuras corruptas del pasado.
Un desafío a la gobernabilidad y la legitimidad democrática
La crisis en SEDESOL ha expuesto los límites del proyecto gubernamental frente a las prácticas políticas tradicionales. Aunque la presidenta ha insistido en su compromiso con la transparencia, el avance de las investigaciones determinará si las acciones oficiales logran contener el daño institucional o si, por el contrario, refuerzan la percepción de continuidad en la impunidad.
A menos de un año del inicio del calendario electoral, el oficialismo enfrenta el reto de sostener su legitimidad ante una ciudadanía que exige respuestas más allá de auditorías simbólicas. El caso también plantea interrogantes sobre el papel de los mecanismos de control y fiscalización dentro del Estado, así como sobre la capacidad del sistema político para procesar conflictos de esta magnitud sin recurrir a salidas excepcionales.
El escándalo en la Secretaría de Desarrollo Social deja en evidencia una fractura dentro del aparato de gobierno, cuya resolución podría marcar el rumbo del proceso electoral y del proyecto político que llegó al poder con la promesa de una transformación profunda del país.
