El llamado a una marcha por la paz y la democracia por parte de las iglesias católica y evangélica ha generado una reacción conflictiva del partido Libertad y Refundación (LIBRE). El diálogo de pronunciamientos y sugerencias ocurre en un ambiente de gran sensibilidad política, a menos de un año de las elecciones generales de 2025, y suscita preguntas sobre las fronteras entre la acción política y religiosa en la esfera pública.
Propuesta oficialista de sancionar a la Confraternidad Evangélica
La socióloga Julieta Castellanos ha señalado que el creciente respaldo a la movilización religiosa ha generado incomodidad en sectores del partido gobernante. En este marco, el comisionado presidencial Miguel Briceño mencionó la posibilidad de retirar la personería jurídica a la Confraternidad Evangélica de Honduras. La propuesta ha generado amplias críticas de dirigentes opositores y representantes religiosos, que la consideran una medida restrictiva y un precedente de censura.
La oposición y dirigentes religiosos reportan intimidaciones
El exaspirante a la presidencia, Salvador Nasralla, alertó que cualquier medida en contra de las iglesias podría ser vista como un paso hacia conductas autoritarias, y previó una reacción política si esto llegase a suceder. Simultáneamente, pastores y dirigentes de las iglesias organizadoras han reportado amenazas de muerte y acoso hacia creyentes y líderes que se involucren en la manifestación. El pastor evangélico Mario Banegas corroboró estas acusaciones y afirmó que la convocatoria continuará como está planeada.
Un conflicto que expone la fragilidad del consenso democrático
La disputa entre LIBRE y las iglesias ocurre dentro de un contexto de polarización y desconfianza en las instituciones. La fricción entre un partido político en el gobierno y organizaciones religiosas con gran influencia social genera una profunda discusión sobre la libertad de expresión, la participación cívica y las fronteras de la intervención del Estado. La proximidad de las elecciones intensifica la tensión y resalta el desafío de asegurar un entorno de convivencia democrática en un escenario altamente conflictivo.
