A cuatro meses de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro enfrenta un escenario de creciente desaprobación pública. Sondeos de opinión y análisis independientes advierten un descenso sostenido en la popularidad del Ejecutivo, mientras sectores sociales, económicos y políticos expresan su preocupación ante lo que consideran una administración sin resultados concretos en seguridad, empleo y transparencia.
Críticas a la administración del gobierno
Diversos actores de la vida nacional, entre ellos gremios empresariales, organizaciones sindicales y colectivos civiles, han cuestionado el rumbo que ha tomado el país bajo el liderazgo del partido Libertad y Refundación (LIBRE). Las críticas se centran en el deterioro de las condiciones económicas, el aumento de la inseguridad y la falta de políticas públicas efectivas para atender los problemas estructurales.
Entre las principales inquietudes figura el estancamiento económico y la persistencia del desempleo, así como una creciente percepción de hostilidad hacia la empresa privada. En este contexto, líderes sociales y representantes de diversos sectores han denunciado lo que consideran un uso político del poder estatal, acompañado de una retórica ideológica que no se ha traducido en mejoras sustanciales en la calidad de vida de la población.
Escándalos y desconfianza institucional
A la inconformidad generalizada se suman recientes controversias que han golpeado la imagen del gobierno. Casos como el presunto desvío de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y la falta de esclarecimiento en torno a la estafa financiera relacionada con la plataforma Koriun han alimentado la percepción de opacidad e impunidad. Además, el silencio oficial frente a denuncias sobre posibles vínculos con el narcotráfico ha profundizado el escepticismo ciudadano.
Estos eventos han suscitado dudas respecto al compromiso del Gobierno con la transparencia y la lucha contra la corrupción, fundamentos que se encontraban entre las promesas destacadas de campaña. La suma de estos acontecimientos ha influido directamente en las encuestas, donde la presidenta y su partido presentan una disminución constante en los índices de respaldo.
Invitaciones para la participación y observación cívica
Ante el aumento del descontento, diversas opiniones de la sociedad civil están abogando por una implicación más activa en el proceso democrático. Colectivos ciudadanos han resaltado la importancia de reforzar la supervisión electoral, asegurar la autonomía de las instituciones y demandar que las prioridades del país se enfoquen en el bienestar común, más allá de las narrativas partidistas.
En los últimos meses, ha crecido la exigencia por una administración más efectiva y responsable, especialmente entre grupos populares que expresan sentirse excluidos de las decisiones del gobierno. Esta situación podría tener un impacto considerable en el escenario electoral de las elecciones de noviembre, donde el oficialismo intentará mantener su influencia ante una población cada vez más crítica y exigente.
Un momento caracterizado por el desencanto político
La situación presente muestra una división entre las expectativas que se crearon al inicio del mandato de Xiomara Castro y lo que la población está experimentando. Las promesas de cambio, equidad social y restauración institucional chocan con una realidad caracterizada por la inestabilidad económica, la pérdida de confianza en las instituciones del gobierno y el regreso de prácticas criticadas por varios sectores.
En este escenario, el reto del gobierno consistirá en recuperar la confianza y establecer acuerdos que hagan posible resolver las necesidades sociales sin incrementar la polarización. El desarrollo de esta situación política determinará no solo el resultado electoral de noviembre, sino también la dirección institucional del país en los próximos años.
