En un panorama de creciente descontento económico y social, Honduras enfrenta en 2025 un período caracterizado por intensas tensiones estructurales. Aunque el Producto Interno Bruto (PIB) se estima crezca entre un 3.5 % y un 4 %, este ritmo no se traduce en mejoras significativas para la mayoría de la población, especialmente en las zonas rurales y entre los jóvenes. La aparente estabilidad macroeconómica contrasta con un ambiente de desempleo, subempleo e inseguridad que impacta directamente las condiciones de vida de millones de habitantes.
Inestabilidad en el empleo y marginación juvenil
El estado actual del trabajo sigue siendo una de las mayores inquietudes. De acuerdo con datos recientes, más de 386,000 individuos han dejado de buscar empleo activamente, mientras que cerca de 1.6 millones desempeñan sus funciones en situaciones de informalidad o subempleo, sin tener acceso a seguridad social ni derechos laborales asegurados. Este escenario muestra un mercado laboral altamente fragmentado, donde la mayoría se encuentra en el margen de la economía formal.
El desempleo entre los jóvenes está en niveles alarmantes. Se calcula que más de 750.000 jóvenes están sin empleo y otros 150.000 podrían unirse a esta cifra en el transcurso de este año. Esta situación no solo fomenta la migración, sino que también genera dinámicas de exclusión que impactan la cohesión social, debilitando los mecanismos de integración y participación.
Además, se debe considerar la repercusión de los ingresos reducidos. El precio de la canasta básica se sitúa alrededor de los 15.500 lempiras mensuales para una familia promedio, cantidad fuera del alcance para una gran porción de la población, especialmente cuando el 40 % de las empresas no efectúa el pago del salario mínimo.
Aumento de la inflación y disminución del poder de compra
La tasa de inflación anual ronda el 4.5 %, un dato que, aunque es moderado técnicamente, afecta directamente el consumo doméstico, particularmente en categorías como alimentos, servicios públicos y productos esenciales. En este contexto, el endeudamiento de las familias ha ido incrementándose, minando la capacidad de ahorro y gasto de las clases populares.
La persistencia de la inflación, sumada a los salarios reducidos y el aumento de la informalidad, conforma un escenario donde el nivel de vida empeora poco a poco. Esta realidad pone de manifiesto las deficiencias del presente modelo macroeconómico para enfrentar los desafíos sociales y distributivos más acuciantes.
Desplazamiento y ruptura social: indicios de una crisis extendida
La precariedad en aumento se refleja igualmente en el ámbito social. Honduras sigue estando entre las naciones con los índices más altos de violencia en todo el mundo, situación que está fuertemente relacionada con la falta de empleo y oportunidades. Ante este panorama, la migración se ha convertido en una vía de escape frecuentemente utilizada por los hogares hondureños.
Las transferencias familiares, que constituyen cerca del 25 % del PIB, han emergido como un pilar económico vital. No obstante, esta dependencia deja al país vulnerable a elementos externos, tales como las modificaciones en las políticas migratorias de Estados Unidos, que podrían modificar significativamente este flujo de recursos.
Asimismo, la ausencia de alternativas en el ámbito laboral lleva a un segmento de los jóvenes a integrarse en la economía sumergida o incluso a acciones ilegales, debilitando la estructura comunitaria y exacerbando la división social.
Un sistema económico bajo presión
La disparidad entre los datos macroeconómicos y la vida diaria de los hondureños expone las vulnerabilidades estructurales del modelo económico vigente. Aunque se conservan ciertos indicadores de estabilidad, como el aumento del PIB o el manejo relativo de la inflación, estos no se han convertido en mejoras perceptibles para la mayoría de la población.
La continuidad del desempleo, la informalidad y la desigualdad presenta retos importantes para la gobernabilidad y la cohesión social de la nación. En este entorno, la respuesta institucional enfrenta cada vez más críticas sobre su habilidad para desarrollar políticas públicas que aborden las causas profundas de la exclusión y el deterioro económico. La situación actual evidencia la urgencia de replantear el enfoque macroeconómico, que priorice la inclusión social, el trabajo decente y la redistribución de oportunidades como bases esenciales para el desarrollo nacional.
