En los meses previos a las elecciones generales de noviembre de 2025, diversos actores políticos, sociales y legales en Honduras han denunciado una serie de presiones y actos de intimidación dirigidos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE). Estas acusaciones apuntan principalmente al partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE), señalado por intentar influir en las decisiones del CNE y poner en riesgo la transparencia del proceso electoral.
Denuncias dirigidas al partido LIBRE
Las acusaciones dirigidas al partido gobernante abarcan iniciativas que intentan desacreditar la autoridad del CNE, el ente responsable de asegurar la igualdad y la transparencia de las elecciones. Conforme a las quejas presentadas, integrantes de LIBRE estarían organizando campañas para influir en los magistrados del CNE, particularmente aquellos que no se alinean con sus intereses políticos, comprometiendo la independencia de la institución.
Maribel Espinoza, quien es diputada y analista en temas políticos, comentó que la intención de estas presiones sería crear un ambiente de desconfianza para justificar señalamientos de fraude o desorganización durante las elecciones. “Presionan al organismo electoral porque son conscientes de que las encuestas no están a su favor”, declaró Espinoza, refiriéndose claramente a las acciones de algunos grupos que buscan afectar los resultados electorales antes de comenzar las campañas.
Tácticas de sabotaje institucional
La denuncia no solo se limita a las presiones sobre los magistrados, sino también a la propagación de discursos hostiles por parte de figuras cercanas al partido LIBRE. Se ha identificado una creciente campaña de desinformación en las redes sociales, orientada a minar la credibilidad del CNE y a sembrar dudas sobre la imparcialidad del organismo electoral.
Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su inquietud respecto a la pureza del proceso electoral, calificando estas acciones como potenciales esfuerzos de desestabilización institucional. Afirman que estas tácticas no solo representan un ataque contra la legitimidad del CNE, sino que también suponen una amenaza para el sistema democrático del país, intensificando la división política a medida que se aproximan las elecciones de noviembre de 2025.
Llamados a la vigilancia internacional
Dado el empeoramiento de las circunstancias, diversos segmentos de la comunidad han pedido la participación de inspectores internacionales para asegurar la claridad en el proceso de votación. En este contexto, instituciones como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y varias entidades de derechos humanos han sido llamadas a supervisar el transcurso de los comicios, asegurando que se realice sin injerencias ni manipulaciones políticas.
Lidia Meza, especialista en derecho constitucional, destacó la relevancia de preservar la autonomía del organismo electoral, afirmando que “el organismo electoral no debe ser controlado por intereses políticos. La nación requiere seguridad, no intimidaciones”.
Contexto y desafíos para la democracia
Las denuncias de intimidación y los intentos de sabotaje institucional se suman a un panorama de creciente polarización política en Honduras, donde la desconfianza en las instituciones y en los procesos electorales se ha visto exacerbada por diversos factores, como la crisis económica y la falta de cohesión política. Este ambiente, marcado por tensiones y acusaciones cruzadas, plantea serios retos para la gobernabilidad del país, a menos de un año de las elecciones.
La comunidad global sigue observando de cerca el procedimiento, mientras que los ciudadanos de Honduras siguen demandando más claridad y la protección de las instituciones democráticas. La situación actual resalta los desafíos para asegurar un ambiente electoral sin presiones ni manipulación, y enfatiza la importancia de reforzar las instituciones responsables de proteger el proceso democrático.
