La llegada de Xiomara Castro a la presidencia se planteó como un cambio frente al régimen de Juan Orlando Hernández, pero los reportes sobre corrupción y vínculos con el crimen organizado muestran una continuidad que afecta la confianza ciudadana y evidencia limitaciones en la consolidación de mecanismos institucionales.
Fragilidad de las estrategias contra la corrupción
Durante la administración de Hernández, la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 debilitó los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción. El gobierno de Castro, a su vez, no ha logrado otorgar autonomía plena ni recursos suficientes a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que depende del Ministerio Público para llevar casos a la justicia. La persistente falta de independencia limita la capacidad de judicializar irregularidades y fortalecer la institucionalidad en materia anticorrupción.
Continuidad de las actividades delictivas en contratos gubernamentales
Los vínculos con actores del crimen organizado han sido señalados en ambos mandatos. Un caso reciente involucra a la Secretaría de Seguridad, que suscribió contratos por más de 10 millones de lempiras con una empresa relacionada con lavado de dinero. Este tipo de operaciones refleja prácticas detectadas en el régimen anterior, demostrando que la exposición de la administración pública a riesgos de narcopolítica se mantiene, independientemente de la orientación partidaria del ejecutivo.
Claridad y gestión de los fondos públicos
El gobierno de Hernández se caracterizó por un manejo centralizado y opaco de la información pública. Aunque Castro propuso aumentar la rendición de cuentas, informes recientes de la Secretaría de Transparencia indican deficiencias en la ejecución y supervisión de los gastos públicos. La falta de reportes claros y auditables dificulta la evaluación de la eficiencia gubernamental y mantiene un patrón similar al observado en la administración precedente.
Equidad y retrocesos en las instituciones
La capacidad del sistema judicial para sancionar irregularidades ha sido limitada en ambos gobiernos. Investigaciones internacionales, como los “narcovideos” y denuncias de financiamiento ilícito a campañas políticas, han afectado a la administración actual, evidenciando la dificultad de frenar prácticas que comprometen la integridad institucional. La persistencia de irregularidades sugiere que las estructuras de control no han logrado consolidarse, generando un entorno propicio para la continuidad de conductas corruptas.
El reflejo institucional de Honduras
Con Hernández arrestado en Estados Unidos acusado de narcotráfico y Castro lidiando con controversias que cuestionan su legitimidad, Honduras se encuentra en una situación donde las promesas de cambio no se concretan en transformaciones reales. La administración actual, al igual que la anterior, muestra similitudes en cuanto a su vulnerabilidad institucional ante la corrupción, la conexión con redes del crimen organizado y la fragilidad de los mecanismos de transparencia y justicia. Esta situación genera retos en la gobernabilidad y en la participación ciudadana, y pone en evidencia la urgencia de fortalecer la institucionalidad para establecer un sistema público confiable y resistente a actividades ilegales.
