La fraudulenta pirámide financiera llevada a cabo por Koriun Inversiones ha impactado en Honduras durante un momento de agotamiento institucional y crisis política. Afectando a más de 35.000 personas, mayoritariamente en áreas populares del norte del país, este escándalo no solo ha puesto en evidencia la debilidad del sistema de vigilancia financiera, sino que también ha presentado al gobierno de Xiomara Castro con uno de los retos más difíciles de su administración.
Operación sin regulación y colapso del esquema
Durante mucho tiempo, Koriun Inversiones estuvo operando fuera de la normativa, asegurando ganancias del 20 % cada mes, sin poseer autorización oficial ni la vigilancia de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Aunque esta entidad emitió advertencias públicas en febrero de 2025, indicando que la empresa no contaba con permiso para recibir dinero del público, la actividad siguió sin intervención gubernamental hasta que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y el Ministerio Público actuaron en abril del mismo año.
Los registros dejaron al descubierto la envergadura de la estafa: más de 358 millones de lempiras en efectivo fueron confiscados, junto con 69 millones congelados en cuentas bancarias. Las indagaciones determinaron que no había inversiones auténticas que respaldaran los intereses ofrecidos, confirmando que se trataba de un esquema piramidal inviable.
Impacto social y deterioro político
El impacto del colapso ha sido profundo, tanto en lo social como en lo político. Miles de personas perdieron sus ahorros, generando manifestaciones, bloqueos y protestas en distintos puntos del país, especialmente en Choloma, donde se concentraba la mayoría de los inversionistas. La crisis ha avivado el descontento ciudadano frente a la inacción de las autoridades locales y los vacíos del sistema regulatorio.
En el ámbito político, el caso ha dañado la percepción pública del gobierno. Las críticas se han concentrado en la carencia de supervisión institucional, la tolerancia hacia las operaciones abiertas de Koriun, y la falta de medidas preventivas de las entidades competentes. Grupos empresariales y organizaciones de la sociedad civil han criticado enérgicamente la fragilidad del sistema estatal para evitar este tipo de fraudes.
La iniciativa del Ejecutivo y su debate
Debido a la presión social, el gobierno comunicó la creación de un proyecto de ley para compensar a los individuos perjudicados, utilizando fondos del Presupuesto Nacional. La propuesta, ordenada directamente por la presidenta Xiomara Castro, ha provocado intensas reacciones en el Congreso Nacional y en el sentir público.
Diversos sectores opositores y asociaciones de ciudadanos han manifestado su desacuerdo con la medida, alegando que se pretende emplear fondos públicos para cubrir los costos de un fraude privado, lo que, según ellos, establece un precedente alarmante que podría fomentar la impunidad y la explotación política del sufrimiento de la ciudadanía. Aunque se realizó un anuncio formal, el proyecto todavía no ha sido debatido en profundidad, ni se ha especificado la cantidad de la compensación ni el método de aplicación.
La iniciativa ha intensificado los roces entre los grupos parlamentarios y ha puesto al gobierno en una situación delicada, criticado tanto por la falta de anticipación como por la manera en que ha gestionado la crisis.
Amenazas institucionales y previsiones políticas
El caso Koriun pone en entredicho la capacidad del Estado hondureño para garantizar la seguridad jurídica y proteger a la ciudadanía frente a fraudes financieros. La falta de supervisión oportuna, la permisividad con que la empresa operó y la respuesta tardía del gobierno han reforzado la percepción de ineficacia institucional.
En el ámbito global, el contexto podría impactar la percepción del país como lugar fiable para capitales, mientras que en el ámbito nacional, la gestión del asunto ha alimentado una narrativa de deterioro que ya perjudica al gobierno actual en otros aspectos. En medio de más acusaciones de corrupción, el caso Koriun corre el riesgo de convertirse en otro emblema de la ausencia de claridad y supervisión gubernamental.
El gobierno de Xiomara Castro enfrenta así un dilema complejo: responder a una crisis social legítima sin poner en riesgo la credibilidad institucional ni agravar el clima de polarización. La forma en que se gestione esta situación será determinante para su estabilidad política y para el nivel de confianza que la ciudadanía mantenga en las instituciones públicas.
