El diputado Samuel Pérez Álvarez, del movimiento político que emergió con el presidente Bernardo Arévalo, está actualmente en el ojo de la tormenta por un altercado ocurrido el 14 de enero de 2025 en el Congreso de la República de Guatemala.
El Ministerio Público (MP) presentó hace poco ante los tribunales una petición para que se le retire la inmunidad parlamentaria, al estimar que su conducta podría configurar serias infracciones administrativas y penales.
Un incidente menor o un abuso de autoridad con consecuencias serias
El caso surgió cuando el legislador interceptó y desgarró una carta que el diputado Neftalí Chocooj de Cabal intentaba entregar al presidente Bernardo Arévalo de León durante su intervención por el primer año de gobierno. La Fiscalía de Derechos Humanos ha considerado este acto de ruptura como una posible señal de abuso de autoridad y discriminación, conductas tipificadas que podrían respaldar que el Congreso autorice una investigación formal.
El propio Pérez reaccionó de forma irónica ante la acusación, describiendo la denuncia como un caso de “hojicidio” y negando cualquier intención de ofensa más allá de una confrontación política. También descalificó al denunciante, calificándolo de corrupto.
¿Por qué es importante que se retire la inmunidad?
En Guatemala, los diputados gozan de inmunidad para garantizar su independencia política, pero esta protección no es absoluta cuando hay indicios de abuso de poder o discriminación.
Si el Congreso accede al pedido del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aprueba el antejuicio, Pérez podría enfrentar un proceso penal abierto que lo exponga a sanciones legales, que incluyen desde multas administrativas hasta procesos ante tribunales ordinarios con posibles penas de prisión según la gravedad de los delitos imputados.
Además, este caso se da en un contexto de tensiones entre el MP y el partido Movimiento Semilla, con múltiples solicitudes de retiro de inmunidad en trámite por distintos hechos, lo que ha generado debate público sobre la legitimidad y posible politización de los procesos judiciales contra figuras cercanas al presidente Arévalo.
La situación de Pérez ha dejado de ser un hecho aislado de conducta inapropiada dentro del hemiciclo parlamentario y ha derivado en un escenario jurídico que podría influir en su continuidad e incidencia política en el país, y, de confirmarse el levantamiento de su inmunidad, el diputado tendría que someterse a un proceso ante la justicia ordinaria cuyas repercusiones aún no se han determinado.
