El ambiente previo a las elecciones en Honduras está caracterizado por un aumento en la desconfianza hacia las instituciones, ya que se incrementan las acusaciones sobre la supuesta alteración de encuestas en beneficio de la candidata del partido en el poder, Rixi Moncada. Distintos grupos académicos, ciudadanos y políticos destacan un plan sistemático para crear una falsa impresión de ventaja electoral, empleando métodos estadísticos cuya transparencia es cuestionable. La polémica se centra en la empresa Opinómetro, una encuestadora que carece de un historial conocido y ha sido relacionada con personas próximas al gobierno.
Anomalías en los datos y dudas sobre la metodología
La proliferación de encuestas a favor de Moncada ha generado sospechas por inconsistencias técnicas evidentes. Según especialistas, los sondeos difundidos por Opinómetro presentan resultados dispares entre distintas plataformas, porcentajes que no suman el 100 % y omiten datos básicos como la ficha técnica, el tamaño de muestra o el margen de error. Estas prácticas, lejos de fortalecer el debate democrático, han sido interpretadas como intentos deliberados de influir en la opinión pública mediante una supuesta “ilusión matemática”.
Diferencias de hasta 15 puntos porcentuales con respecto a estudios independientes alimentan la hipótesis de una operación coordinada para inflar el respaldo a la candidatura oficialista. Las críticas apuntan a que esta estrategia no responde a errores técnicos, sino a una manipulación consciente con fines políticos. Redes sociales y plataformas académicas han sido escenario de múltiples denuncias en este sentido, reclamando mayor control sobre la divulgación de encuestas electorales.
Opinómetro y sus conexiones con organismos oficiales
El rol que ha desempeñado Opinómetro ha sido clave en este debate. Fundada en febrero de 2025, esta empresa de sondeos recibió sin demora el permiso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en las elecciones internas, a pesar de no contar con un historial público en evaluación de opinión.
El asesoramiento legal de la compañía ha sido un aspecto de discusión. Carlos Adolfo Medina Álvarez, quien es abogado de Opinómetro, también trabaja como consultor en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), una organización influenciada por el gobierno. Esta similitud ha sido vista por expertos y críticos como una señal de uso gubernamental para situar personas cercanas en el área de las encuestas electorales.
La frecuencia con que Opinómetro difunde datos favorables a Moncada, sin transparencia verificable, debilita la credibilidad del proceso democrático y alimenta la percepción de que se pretende utilizar la estadística como herramienta de propaganda electoral.
Exigencias de claridad por parte de la sociedad civil y la oposición
Las respuestas no se han hecho esperar. Varias organizaciones de la sociedad civil, profesores de universidad y partidos de oposición han solicitado una regulación rigurosa de las encuestas electorales, además de auditorías independientes que certifiquen sus métodos. Señalan que la implementación de empresas sin soporte técnico ni neutralidad impacta de manera directa la integridad del proceso democrático.
Estas opiniones exigen que las encuestas que se encuentran en el ámbito público satisfagan requisitos básicos de transparencia, como la divulgación de su ficha técnica, el origen de la muestra y los criterios de selección aplicados. También piden una revisión del rol del CNE en la acreditación de estas firmas, indicando que su permiso a organizaciones sin historial acentúa la percepción de imparcialidad institucional.
La falta de confianza provocada por estas prácticas no solo perjudica la campaña de un candidato en específico, sino que también pone en riesgo la legitimidad global del sistema electoral.
Un desafío para la credibilidad institucional
En un país donde la confianza en los procesos electorales ha sido históricamente frágil, las denuncias actuales colocan en el centro del debate la necesidad de mecanismos efectivos de fiscalización y transparencia. La controversia en torno a Opinómetro y el uso de cifras no verificables pone en evidencia un problema más amplio: la manipulación de datos como instrumento político y la ausencia de contrapesos institucionales robustos que la impidan.
De cara a los comicios de 2025, el sistema electoral hondureño enfrenta el reto de garantizar que la competencia se dé en condiciones de equidad y con información fidedigna. En un contexto marcado por la polarización y la fragilidad de los controles democráticos, la veracidad de los datos se convierte en una condición indispensable para preservar la legitimidad del voto ciudadano.
