La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no será parte del legado de la administración de Xiomara Castro. Pese a haber sido anunciada como un eje central de su propuesta de gobierno, la iniciativa no logró concretarse y quedará fuera del actual período presidencial, que concluye en enero de 2026. Con esta renuncia tácita al proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había generado expectativas significativas en la ciudadanía en torno a la lucha contra la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH se caracterizó por continuas demoras, extensiones sin efectos y discusiones infructuosas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del fracaso, declarado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de razones que, según él, incluyen tanto impedimentos legislativos como influencias internacionales. Sin embargo, para diversos grupos sociales, esta justificación no resulta satisfactoria.
La falta de cumplimiento de una promesa que debilitó la confianza
Distintas voces del sector civil y del contexto global acuerdan que la responsabilidad mayor recae sobre la gestión actual. Para expertos y quienes siguen el proceso, el inconveniente no fue la ausencia de factores externos, sino la falta de voluntad política del Gobierno para honrar los acuerdos pactados.
Desde este punto de vista, el hecho de que la CICIH no se haya implementado no es una casualidad ni un desenlace inevitable, sino una elección deliberada. Así lo manifestó Juan Jiménez Mayor, antiguo portavoz de la MACCIH, quien cuestionó abiertamente al Gobierno por dejar de lado una promesa que generó grandes expectativas. Estas críticas fueron respaldadas por Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue clara al acusar al oficialismo de haber empleado la CICIH como una herramienta de campaña sin una verdadera intención de proceder con su establecimiento.
Un plan contra la corrupción sin respaldo institucional
El retiro de la CICIH del escenario nacional tiene implicaciones que trascienden el plano administrativo. La ausencia de avances concretos ha alimentado la percepción de que la lucha contra la corrupción carece de instrumentos efectivos y de compromiso gubernamental. La credibilidad del Ejecutivo en este tema se ve comprometida, en un momento donde las demandas por transparencia y rendición de cuentas continúan siendo urgentes.
Con un panorama institucional que ya no considera la implementación del mecanismo internacional, Honduras pierde una oportunidad importante para combatir de forma estructural la impunidad. El tiempo restante en la administración actual hace poco probable cualquier intento serio de cambiar esta situación, dejando a la población con una promesa incumplida y sin una opción inmediata que sustituya la falta del proyecto.
Lo que al principio se mostró como un emblema de cambio en el sistema político ha acabado siendo otro pendiente en la lista de promesas sin cumplir, debilitando de este modo el relato del gobierno sobre el combate a la corrupción y generando un nuevo ámbito para el escepticismo ciudadano.
