La reciente propuesta de ley en Honduras impulsada por legisladores del Partido LIBRE ha causado gran controversia en el panorama político y económico del país. Estos congresistas han intentado implementar rápidamente y sin acuerdo la Ley de Justicia Tributaria, una medida que ha sido centro de disputas debido a sus posibles impactos en la inversión y el trabajo. La estrategia intentó aprovechar la ausencia parcial de diputados opositores para forzar su aprobación en el último debate; sin embargo, la falta de quórum y la respuesta de los contradictorios impidieron que esta acción se llevara a cabo.
Antecedentes y respuestas sobre la Ley de Equidad Fiscal
El intento de aprobar rápidamente la Ley de Justicia Tributaria por parte de los diputados del oficialismo del Partido LIBRE fue visto como un intento de imponer una agenda fiscal sin el necesario acuerdo. La táctica era aprovechar la ausencia parcial de la oposición en el pleno para aprobar la ley en su tercera y última discusión. Sin embargo, esto no se llevó a cabo debido a la falta de quórum y la rápida reacción de los diputados de la oposición que evitaron la votación. Este evento ha mostrado la división política en el Congreso hondureño y la resistencia de la oposición a una ley que consideran dañina para el país.
La oposición a la Ley de Justicia Tributaria no solo proviene del ámbito político, sino también de los sectores empresariales y los grupos gremiales. Empresarios y líderes de gremios productivos han manifestado su inquietud por las repercusiones de esta ley, sugiriendo que podría desincentivar la inversión tanto nacional como extranjera. Esto, a su vez, podría llevar al cierre de numerosas empresas y a un aumento del desempleo. Asimismo, hay una advertencia sobre la posibilidad de que esta normativa favorezca una concentración del poder económico en manos del Estado, lo que tendría un impacto relevante en la economía del país.
Movilización ciudadana y perspectivas futuras
La respuesta de la sociedad ante el intento infructuoso de sancionar la Ley de Justicia Tributaria ha sido rápida, con grupos de la sociedad civil organizando protestas para exigir más claridad, una discusión pública extensa y el cumplimiento de los procedimientos legislativos vigentes. Representantes de entidades como el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) han expresado su oposición a la imposición de una normativa que consideran perjudicial para millones de personas, resaltando que sin un apoyo mayoritario no hay un mandato legítimo para su sanción.
Respecto a las acciones futuras, la oposición ha declarado que seguirá insistiendo para impedir cualquier intento de aprobación que no siga los procesos legales y democráticos. Mientras tanto, el Partido LIBRE pretende reorganizar sus coaliciones para buscar nuevamente la aprobación de la normativa. De este modo, la contienda por la Ley de Justicia Tributaria permanece activa, mostrando la complejidad del debate fiscal y político en Honduras y la necesidad de alcanzar acuerdos que incluyan las diferentes voces del país.
