Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Debate por comentarios del representante
Durante una intervención pública, Héctor Zelaya sugirió que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada «en un descuido» por parte del Congreso Nacional. Aunque no detalló mecanismos concretos, el comentario fue percibido por distintos sectores como una insinuación de que el oficialismo, liderado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría recurrir a procedimientos irregulares para sacar adelante la normativa.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, perteneciente al Partido Liberal, mostró fuertes críticas hacia los comentarios realizados. Según su perspectiva, sugerir la promulgación de una normativa sin contar con el respaldo parlamentario requerido y fuera del procedimiento legislativo adecuado “es un atentado contra la institucionalidad”. Según su interpretación, estas propuestas reflejan una falta de apoyo técnico y social para un cambio de gran repercusión económica.
Reacciones del sector privado y constitucionalistas
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) respondió también a la acusación de Zelaya, advirtiendo sobre las posibles repercusiones económicas de aprobar una reforma fiscal sin un diálogo extenso y abierto. De acuerdo con esta entidad, una situación de este tipo podría aumentar la inseguridad para la inversión privada y perjudicar la estabilidad económica del país.
Simultáneamente, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por sancionar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría resultar en desafíos de inconstitucionalidad. En concreto, enfatizaron que el principio de debate legislativo requiere transparencia, diálogo plural y adherirse a los mecanismos institucionales vigentes.
Aumento de la tensión política y supervisión opositora
Como resultado de estas afirmaciones, varias agrupaciones políticas opositoras han manifestado que estarán en “alerta constante” ante intentos potenciales de presentar la ley durante sesiones legislativas extraordinarias o sin actas formalmente aprobadas. Esta advertencia surge en un escenario donde la presidencia del Congreso, bajo la dirección de Luis Redondo, ha sido previamente criticada por la oposición debido a prácticas que consideran irregulares en la sanción de leyes.
El descontento social también se ha manifestado en redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón ganó notable notoriedad en pocas horas, mostrando la inquietud frente a la posibilidad de que una ley con consecuencias económicas y sociales importantes sea procesada sin la intervención informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de conflicto institucional persistente
El Proyecto de Justicia Fiscal sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la agenda del gobierno presente, encontrando objeciones tanto por su perspectiva como por la manera en que se ha intentado llevar a discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo coloca de nuevo el enfoque en esta propuesta de ley, sino que también destaca las fricciones relacionadas con la gobernabilidad, la validez de los procedimientos legislativos y la urgencia de establecer mecanismos de diálogo eficaces.
En un ámbito político donde prevalecen la división y la falta de confianza, cualquier propuesta que busque cambiar significativamente el sistema fiscal necesita, además de apoyo institucional, un proceso de deliberación que asegure la participación de diversas perspectivas y el respeto a los principios democráticos. La forma en que se lleve a cabo esta discusión establecerá un precedente en la interacción entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales de la nación.
