El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un amplio debate en el país, debido a los posibles efectos que podría tener sobre la economía y el sector productivo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Partido LIBRE, se presenta como una herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación estatal. Sin embargo, su contenido y alcance han sido interpretados de manera diversa por los distintos actores económicos y sociales.
El plan incluye la supresión de esquemas de exención fiscal, el incremento de los impuestos y la otorgación de más discrecionalidad al gobierno en la gestión de incentivos económicos. Estas acciones han sido percibidas por el sector empresarial como un indicio negativo para la inversión y la producción, lo cual ha provocado incertidumbre y preocupación en el ámbito económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Diferentes grupos empresariales, asociaciones comerciales e inversores tanto locales como internacionales han expresado que el anteproyecto de ley podría tener un impacto negativo sobre la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, podría disminuir considerablemente la inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas económicas especiales y del sector agroindustrial estarían considerando la posibilidad de salir del país o disminuir sus operaciones, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde la presentación del borrador de la ley, ya se han reportado cierres de pequeñas y medianas empresas, especialmente en los sectores textil, logístico y exportador, que operaban bajo incentivos fiscales. En regiones como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las maquilas han comenzado a recortar personal, citando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta situación pone en riesgo miles de empleos y podría agravarse si el proyecto no es modificado o detenido. El COHEP también señala que el crecimiento económico podría experimentar una desaceleración crítica en el año siguiente a la entrada en vigor de la ley, y que el aumento del desempleo y la informalidad serían consecuencias inevitables de su aplicación.
Situación regional, política y discusión sobre la equidad fiscal
El debate sobre la Ley de Justicia Tributaria también se desarrolla en un contexto regional y político particular. La eliminación de incentivos fiscales podría alejar a Honduras de las políticas que han permitido a países como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener regímenes de atracción de inversiones y estabilidad fiscal, considerados factores clave para su competitividad. Esta situación podría afectar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desincentivando tanto a nuevos inversionistas como a los ya establecidos, quienes podrían optar por trasladar su capital a países con condiciones más favorables para el desarrollo empresarial.
El contexto político e ideológico ha influido en la percepción del proyecto, ya que algunos sectores empresariales interpretan el discurso oficial del gobierno como contrario al empresariado y alineado con modelos económicos que han implicado transformaciones estructurales en otros países de la región. Esto incrementa el temor a una posible reconfiguración del modelo económico nacional sin un plan técnico o una visión clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que los beneficios fiscales han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para financiar políticas orientadas a la equidad social y a combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se otorgan al 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % restante de las compañías solo obtiene el 8 % de estos incentivos. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de percibir 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El plan no introduce nuevas cargas fiscales ni aumenta las tarifas ya establecidas, sino que busca cerrar vacíos legales y mejorar la captación de ingresos fiscales directos de grandes corporaciones y fortunas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recolección de impuestos. No obstante, la supresión de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente por cuatro décadas, podría forzar el cierre de muchas compañías que dependen de este modelo. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que perjudica la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un importante reto financiero
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.
