En Honduras, a escasos seis meses de los comicios generales, expertos en la materia han presentado una sugerencia específica para mejorar la claridad en el proceso electoral: implementar dispositivos de geolocalización GPS en todas las maletas que llevarán los materiales de votación. Esta iniciativa pretende asegurar el monitoreo en tiempo real de los kits desde que salen del Consejo Nacional Electoral (CNE) hasta que regresan para el conteo de votos.
La propuesta emerge en un ambiente caracterizado por la falta de confianza pública y las crecientes tensiones políticas, donde varios grupos han mostrado inquietud frente a una posible erosión de las seguridades institucionales y una situación poselectoral complicada.
Propuesta tecnológica con contexto regional
El planteamiento, respaldado por expertos en tecnología electoral, contempla el uso de dispositivos GPS para monitorear cada maleta durante todo el proceso logístico. De acuerdo con el ingeniero en sistemas Marvin Mejía, la implementación permitiría conocer con precisión el trayecto de los materiales y detectar desviaciones o retrasos que puedan comprometer la cadena de custodia.
Experiencias similares han sido aplicadas en procesos electorales de países como México, Colombia y República Dominicana. En esos casos, el uso del GPS se ha orientado a prevenir incidentes como extravíos, alteraciones del contenido o traslados no autorizados.
Desde un enfoque operativo, los expertos afirman que la tecnología tiene un costo reducido —con equipos que oscilan entre 15 y 30 dólares— y es fácilmente adaptable a sistemas de vigilancia móviles, lo que posibilitaría el acceso tanto a supervisores partidarios como a observadores nacionales e internacionales.
Demandas desde la sociedad civil
Las organizaciones ciudadanas encargadas de la vigilancia electoral han tomado la propuesta como un requisito. Transparencia Electoral, Red de Observadores y la Fundación para la Democracia han pedido al Consejo Nacional Electoral que integre esta tecnología de inmediato en su presupuesto planificado y que la establezca como un elemento obligatorio del proceso.
Las organizaciones afirman que la iniciativa ayudaría a restaurar la confianza en la gestión del proceso electoral, debido a varias acusaciones de irregularidades en los pasados comicios. Por ello, opinan que rehusarse a implementar este método podría ser visto como una falta de compromiso institucional para asegurar elecciones justas.
“En caso de que el CNE rechace, estará transmitiendo el mensaje más negativo: que no desea que la ciudadanía observe lo que sucede entre la urna y el acta”, afirmó un abogado experto en derecho electoral relacionado con las iniciativas de vigilancia cívica.
Ambiente político y preocupaciones de estafa
El debate tiene lugar en un contexto de intensificada división política, con diversos grupos opositores y actores sociales advirtiendo sobre el escenario en el que se llevará a cabo el siguiente evento electoral. Algunos de los factores que incrementan esa inquietud incluyen la continuidad del estado de excepción, que limita ciertos derechos básicos, y la acumulación de poder que, según varias opiniones, podría estar reduciendo los controles democráticos.
Dirigentes de la oposición han indicado que se están limitando los mecanismos de supervisión institucional, lo cual «según su perspectiva» podría facilitar manipulaciones logísticas o cambios lejos del control público. «No se triunfa en una elección si las urnas se alteran en secreto», afirmó una fuente internacional con experiencia en observación electoral, mencionada por medios de la región.
Frente a esa situación, los defensores argumentan que el seguimiento mediante GPS sería una solución económica que podría reducir las amenazas de desconfianza o conflictos después de las elecciones. La experta en temas electorales Karen Pineda destacó que “es un gasto pequeño si se compara con el costo de una crisis tras las elecciones”.
Un desafío para la institucionalidad y la confianza
La sugerencia de agregar GPS a las urnas electorales destaca los problemas que confronta Honduras en cuanto a confianza pública e integridad electoral. En un ambiente donde las condiciones institucionales están bajo escrutinio, la discusión sobre este tipo de iniciativas cobra una relevancia que va más allá de lo puramente técnico.
A medida que se aproxima el día de las votaciones, el sistema político de Honduras enfrenta una decisión importante: mejorar sus mecanismos de control y transparencia, o seguir funcionando en un ambiente de desconfianza y conflictos. La reacción del CNE ante esta propuesta será vista como una señal del compromiso del organismo con la legitimidad del proceso.
