La situación de emergencia en Honduras, establecida desde diciembre de 2022, sigue provocando discusiones debido a su extensión y a las inquietudes sobre posibles excesos de poder y transgresiones de derechos humanos. Esta política fue proclamada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el fin manifestado de enfrentar el crimen, en particular la extorsión y las actividades de pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha conllevado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden y limitaciones a la libertad de movimiento en varias regiones del país.
Desde su instauración, el estado de excepción ha sido prorrogado en múltiples ocasiones. En enero de 2025, la medida se extendió por 45 días más, abarcando 226 de los 298 municipios del territorio nacional. Aunque las autoridades argumentan que esta herramienta es esencial para enfrentar la criminalidad, diversos sectores han expresado su preocupación por posibles abusos y la falta de resultados concretos.
Discusiones sobre la eficacia y los derechos humanos en el régimen de excepción
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han advertido que el estado de emergencia amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno de Honduras a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar restricciones injustificadas a las libertades esenciales. El gobierno ha informado una reducción en la tasa de homicidios y la neutralización de grupos criminales durante el periodo del estado de emergencia. No obstante, reportes indican que las extorsiones y la violencia aún perjudican a la ciudadanía. Asimismo, se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas del orden, incluyendo detenciones sin fundamento y el uso desmedido de la fuerza.
La extensión de esta estrategia ha provocado una discusión sobre su utilidad y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el gobierno argumenta que el estado de emergencia es vital para luchar contra el delito, entidades locales e internacionales piden reevaluar su implementación y asegurar que las acciones de seguridad no pongan en riesgo las libertades básicas del público.
Por lo tanto, la implementación del estado de excepción en Honduras simboliza una acción polémica que intenta combatir la violencia delictiva, pero que ha suscitado una discusión acerca de su eficiencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La extensión de esta condición excepcional presenta retos para asegurar las libertades esenciales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.
