En un contexto de creciente polarización institucional, el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, planteó la posibilidad de expulsar a diputados de la oposición y establecer un órgano legislativo paralelo si persiste el bloqueo a las iniciativas del oficialismo. Las declaraciones, pronunciadas durante una sesión en el hemiciclo, provocaron una ola de reacciones críticas por parte de las bancadas opositoras y diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Redondo acusa bloqueo legislativo y amenaza con medidas extraordinarias
Luis Redondo, titular del Legislativo y parte del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), expresó su malestar ante lo que considera una obstrucción sistemática por parte de la oposición a los proyectos impulsados por su bancada. “No se puede seguir permitiendo que una minoría sabotee la voluntad popular”, manifestó, agregando que se tomarán “medidas contundentes” para garantizar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en tela de juicio el papel de los grupos opositores al gobierno y propuso que una solución viable podría ser la «renovación» del Legislativo. Aunque no especificó medios legales o procedimentales, su advertencia contempló la formación de un Congreso paralelo si la situación actual impide seguir adelante con la agenda del Ejecutivo en el Parlamento.
La oposición acusa un intento de acumular poder
Los grupos del Partido Nacional, el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros conjuntos no gobernantes respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de “golpe legislativo” dirigido a concentrar el poder en beneficio del Ejecutivo. El congresista Tomás Zambrano señaló que Redondo actuaba con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por conseguir un poder ilimitado para LIBRE. No lo permitiremos”, declaró.
En el mismo tono, el abogado especializado en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, señaló la ilegalidad de intentar establecer un organismo legislativo paralelo, indicando que tal acción violaría los principios fundamentales del Estado de derecho. Según su análisis, dicha amenaza pone en riesgo los balances institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una significativa crisis institucional.
Tensiones legislativas y llamados a la observación internacional
El aviso de Redondo se incorpora a un conjunto de eventos recientes que han complicado el entorno político en el Congreso Nacional. Entre ellos, sobresale la aprobación de leyes sin el debido respaldo de las actas necesarias y el empleo de procedimientos legislativos discutibles, como sesiones convocadas de manera atípica. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido el empuje de la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido rechazado por varios sectores económicos y políticos debido a su contenido y proceso.
Analistas políticos observan un viraje hacia una estrategia de confrontación por parte del oficialismo, en la que se busca aislar a la oposición en la antesala del proceso electoral general. Esta dinámica, según advierten, podría derivar en escenarios de inestabilidad institucional, al margen de los cauces legales previstos por la Constitución.
Frente a esta situación, varios actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo constante de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entidades diplomáticas. Un colectivo de juristas manifestó en una declaración conjunta que lo que está en juego no es solo la aprobación de una normativa, sino la misma existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en conflicto y el reto de la institucionalidad
Las manifestaciones del líder parlamentario inician un nuevo episodio en la complicada interacción entre el partido en el poder y los contrarios en Honduras. La posibilidad de modificar la estructura del Congreso o crear un organismo alternativo marca un cambio crucial en la dinámica política del país, con repercusiones que van más allá de lo meramente legislativo.
El conflicto vigente ilustra los desafíos continuos de la gobernanza dentro de un contexto donde las fricciones entre poderes, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance de la democracia. En este entorno, la función de los mecanismos de control constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en piezas clave para mantener el equilibrio entre la representación política y el cumplimiento de las normas del Estado de derecho.
