El escenario político en Honduras está en una situación delicada, con múltiples sectores de la sociedad civil, la oposición política y los medios de comunicación expresando gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación autoritaria del Partido LIBRE, especialmente en relación con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025.
Las alertas en la sociedad hondureña se han encendido a raíz de una serie de medidas gubernamentales que indican un inquietante deterioro de los valores democráticos. Estas medidas cubren un rango que abarca desde la restricción de derechos civiles básicos, vitales para el pleno ejercicio ciudadano, hasta la adopción de mecanismos que intentan imponer un mayor control sobre los medios de comunicación, actores esenciales en la conformación de la opinión pública y en la supervisión del poder.
A esto se suma la percepción de una estrategia deliberada para consolidar el poder en las diversas instituciones del Estado, lo que podría traducirse en un debilitamiento de la separación de poderes y, por ende, de los mecanismos de control y equilibrio necesarios en un sistema democrático saludable. La convergencia de estas tendencias ha generado un clima de incertidumbre y temor entre diversos sectores, quienes ven en estas acciones un patrón que podría conducir a un régimen con características autoritarias.
Riesgos para las libertades básicas: manifestación, medios de comunicación y ejército
Entre las medidas polémicas se destaca la supuesta penalización de las manifestaciones sociales, ya que se ha señalado el impulso de normativas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el procesamiento legal de personas que protestan, incluso en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han mencionado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de fuerzas policiales y amenazas de enjuiciamiento a colectivos sociales críticos del gobierno.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Tanto periodistas como canales de comunicación críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones para acceder a información pública, presiones en el ámbito fiscal, judicial y publicitario, además de actos de violencia e intimidación física. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han mostrado su inquietud por el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un asunto controversial más es el estado de las fuerzas militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación intencionada de oficiales que no están alineados con la dirección política del partido en el poder, además del desarme parcial o la reubicación de tareas estratégicas hacia liderazgos allegados al oficialismo. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
El desafío de la democracia en Honduras
Las acciones contra la prensa y la sociedad civil apuntan a silenciar voces disidentes, a la vez que sugieren una estrategia más amplia para desmantelar los contrapesos democráticos y consolidar un poder hegemónico.
Así se ha planteado la preocupación sobre la implementación de una estrategia que, según analistas y líderes de la oposición, busca consolidar el poder del Partido LIBRE en las instituciones del Estado, a través de la captura institucional, reformas constitucionales, persecución de la oposición y la prensa crítica, y el uso del aparato estatal para el clientelismo político. Se han señalado el intento de control del Consejo Nacional Electoral, la postulación de figuras vinculadas al ala más radical del partido, los intentos de reforma constitucional, la creación de estructuras paralelas al Estado y el distanciamiento de Estados Unidos.
Los comicios generales de 2025 se presentan como un punto crítico para el porvenir de la democracia en Honduras. Los ciudadanos tendrán que elegir entre permitir el fortalecimiento de un modelo autoritario o defender la estructura democrática institucional.
