A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.
Los dirigentes de estos entornos destacan un aumento en el descontento popular hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la impopularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han reportado tácticas que indican un posible fraude, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las primarias de marzo, la filtración controlada de las Fuerzas Armadas y las presiones a la prensa crítica. También se señala el empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y el uso de subsidios y fondos públicos para atraer votantes en áreas desfavorecidas.
Acusaciones de fraude y temores de la oposición
Las quejas formuladas por la oposición abarcan imputaciones de alteración de los resultados de las elecciones, uso del sistema judicial o amedrentamiento contra los aspirantes adversarios y jueces del CNE, control militar del proceso de votación y limitaciones a la libertad de prensa junto con un bloqueo digital masivo antes del día de los comicios. Además, existe el temor de que se proclame prematuramente un estado de excepción debido a posibles manifestaciones populares, al igual que la sospecha de que el gobierno podría intentar no reconocer los resultados electorales, invalidar mesas claves o detener el proceso de votación con pretextos relacionados con el orden público o la seguridad del país.
Reclamaciones sobre garantías y monitoreo global
Frente a esta situación, los grupos opositores han demandado la intervención temprana y efectiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades internacionales, una revisión externa del sistema de votación electrónico y compromisos claros del CNE para asegurar claridad, justicia y responsabilidad. Igualmente, han instado a la población a movilizarse pacíficamente para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde el nivel base.
El informe de un posible engaño ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática del país. La población mira con desconfianza un proceso en el que el órgano electoral es considerado parcial, y donde el gobierno se muestra más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras enfrente una crisis después de las elecciones, con repercusiones para la gobernabilidad, la economía y la armonía social.
