La ONU ha solicitado con urgencia al Gobierno de Honduras que elimine el estado de excepción actual antes de las elecciones generales planeadas para el 30 de noviembre de 2025. De acuerdo con el organismo global, extender esta medida extraordinaria supone un peligro directo para el ejercicio de derechos fundamentales, restringiendo libertades vitales como el libre tránsito, la reunión y las protestas pacíficas. La ONU señala que sostener un estado de excepción sin la supervisión adecuada podría impactar negativamente la credibilidad del proceso electoral y el entorno democrático de la nación.
En su declaración, la institución enfatiza que las elecciones deben realizarse en un ambiente sin intimidación ni restricciones injustificadas. La prolongación del estado de emergencia podría provocar un ambiente de temor incompatible con un proceso electoral transparente y equitativo, además de incrementar el riesgo de abuso de poder y restringir la movilización de actores políticos y sociales. Por tanto, se hace un llamado al pleno restablecimiento de las garantías constitucionales para asegurar condiciones de participación justas.
Peligros relacionados con el estado de emergencia durante el periodo electoral
Varias organizaciones de derechos humanos relacionadas con el sistema de la ONU han advertido que el mantenimiento del estado de excepción en Honduras aumenta las posibilidades de conductas autoritarias y repercute de manera directa en la participación política de grupos opositores y entidades civiles. La restricción de derechos como el de manifestarse y reunirse pone en riesgo el progreso democrático, particularmente durante un contexto electoral.
La experta en derechos civiles y políticos ha subrayado que la convivencia entre un sistema democrático y la represión es imposible. La prolongación del estado de excepción podría poner en duda la legitimidad del proceso y debilitar la confianza del pueblo en las entidades responsables de asegurar elecciones justas.
Exhorto a asegurar unas elecciones limpias y abiertas
Frente a este escenario, la ONU ha solicitado a las autoridades hondureñas que restauren plenamente los derechos constitucionales suspendidos y garanticen la libertad de prensa, manifestación y movilización ciudadana durante el proceso electoral. Además, ha señalado la importancia de fortalecer el papel del Consejo Nacional Electoral (CNE) como un ente independiente y permitir la veeduría nacional e internacional sin restricciones para asegurar la transparencia y legitimidad del proceso.
La entidad global determina que avanzar hacia elecciones legales no es factible bajo un estado de excepción. Para salvaguardar la integridad democrática de la nación, es esencial eliminar esta medida extraordinaria y fomentar una participación ciudadana activa, en igualdad de condiciones y con pleno respeto a los derechos fundamentales.
