En Honduras, la cercanía de las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes sobre la transparencia del proceso electoral. Han surgido dos puntos de tensión: las dudas en torno a un posible uso político del Ministerio Público contra consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la disminución de la confianza en el papel de las Fuerzas Armadas como defensoras del proceso democrático.
Han surgido informes que sugieren que el Ministerio Público podría estar preparando cargos formales contra integrantes del CNE, lo cual ha suscitado preocupación en diversos sectores políticos y entidades que abogan por la democracia. Se argumenta que este proceso judicial estaría influenciado por razones políticas, dirigido contra consejeras que han adoptado posturas críticas o independientes respecto al gobierno. La potencial judicialización de las consejeras del CNE se da en un momento crucial, cuando el organismo electoral debe asegurar la organización justa del proceso electoral, la validez de los resultados y la confianza tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía.
Peligro en el manejo y falta de confianza en las instituciones
Estas medidas pueden comprometer la autonomía institucional y minar la confianza del pueblo en el sistema electoral. Tanto los opositores como las organizaciones civiles han manifestado su inquietud, demandando que se realicen investigaciones fundamentadas en evidencias sólidas y no como represalias políticas. Se ha instado a la comunidad internacional a que vigile cualquier esfuerzo por manipular el CNE y a que observe las acciones del Ministerio Público.
Paralelamente, se ha intensificado la desconfianza ciudadana y política hacia el papel de las Fuerzas Armadas como garantes del proceso democrático. Líderes de partidos opositores, organizaciones de la sociedad civil y analistas independientes han manifestado su preocupación por remociones y retiros sospechosos dentro de la oficialidad militar, la aproximación ideológica y operativa entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, la presencia activa de elementos militares en procesos civiles y eventos electorales, y la falta de transparencia en la planificación del despliegue militar durante los comicios.
Miedo a la militarización y exhortaciones a la supervisión
En las primarias de marzo, se informaron problemas como demora en el envío de papeletas y una presencia militar poco común en algunos centros de votación, lo que ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Existe preocupación de que el Ejército, influenciado por líderes del gobierno, pueda ser utilizado como medio para posibilitar un fraude o suprimir manifestaciones ciudadanas.
La creciente desconfianza ha llevado a llamados urgentes a organismos internacionales para que envíen misiones de observación y exijan garantías de neutralidad militar y transparencia operativa. Grupos ciudadanos han comenzado a organizar redes de veeduría social para documentar posibles abusos o irregularidades. La credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre dependerá de la conducta de las instituciones y la vigilancia ciudadana.
