En Honduras, el estado de excepción ha generado mucha polémica en los meses recientes. La legisladora Maribel Espinoza, quien pertenece a la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección que ha adoptado la ejecución de esta norma, que en un inicio se planteó para luchar contra el crimen. Según sus palabras, el régimen se está usando de tal manera que cuestiona las garantías constitucionales y podría actuar como herramienta de persecución contra grupos críticos del gobierno.
Espinoza reportó que algunas acciones realizadas bajo el estado de excepción están afectando los derechos de las personas. Como ilustración, mencionó la entrada a la casa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez sin una orden judicial, un evento que, según destacó, muestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles institucionales. Para la legisladora, estas acciones podrían llegar a ser una peligrosa aceptación de prácticas autoritarias si no se establecen claramente los límites del decreto actual.
Comentarios negativos sobre el Ministerio Público y riesgos legales
La legisladora criticó igualmente el desempeño del Ministerio Público, pues considera que no está asegurando imparcialidad ni respeto al debido proceso al implementar las medidas excepcionales. Desde su perspectiva, esto produce un clima de incertidumbre jurídica que impacta no solo a personas prominentes, sino a cualquier persona que pueda enfrentarse a decisiones arbitrarias.
En este contexto, Espinoza pidió al Congreso Nacional que examinara cuidadosamente si es conveniente continuar con el estado de excepción, usando como único criterio las responsabilidades para las cuales fueron elegidos por el voto popular, no sus orientaciones políticas. Señaló que extender esta medida podría responder a objetivos políticos que pretenden fortalecer el control del gobierno a través de la restricción de libertades civiles. Además, destacó que la seguridad pública no debe servir de pretexto para erosionar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.
Respuestas en el Congreso Nacional y discusión sobre la continuidad
Las objeciones de Espinoza se unen a opiniones de distintos ámbitos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de haberse creado como una solución ante la violencia, aumenta la percepción de que está siendo utilizada para acallar la disidencia. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y dentro de la sociedad civil, donde se busca un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales.
