El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha avivado la discusión social y política, con varios sectores alegando que la propuesta, promovida por el Partido LIBRE, va más allá del ámbito tributario y se emplea como un instrumento político para dividir a la población hondureña. Líderes sociales, empresarios, trabajadores y dirigentes comunitarios han manifestado que el discurso oficialista acusa a ciertos grupos empresariales de ser la causa de los problemas económicos del país, promoviendo un discurso que, según estos sectores, estimula el conflicto entre la población más necesitada y los sectores productivos.
Este escenario ha causado inquietud debido al posible efecto de la legislación en la unidad social y la prosperidad económica. La controversia ha crecido debido a la percepción de que la ley intenta marcar a los emprendedores o creadores de empleo como adversarios de la comunidad, distrayendo de los problemas estructurales y la eficacia gubernamental. Expertos advierten que esta táctica podría detener la inversión, aumentar el descontento social y debilitar la cohesión social, impactando de manera negativa el trabajo y el bien común.
Narrativa de división y reacciones sociales
La discusión sobre la Ley de Equidad Fiscal ha creado un ambiente de conflicto entre el gobierno y la industria privada, reflejado en disputas tanto dentro del Congreso Nacional como en el discurso público. Líderes empresariales han descrito la propuesta como perjudicial y maliciosa, señalando que favorece la confrontación y la exclusión por encima del acuerdo y el diálogo. Se advierte que eliminar los incentivos y beneficios fiscales impactará directamente a los sectores productivos, elevando los costos de producción y, por ende, el costo de los alimentos y servicios esenciales para la ciudadanía.
La atmósfera de polarización se ha manifestado en momentos de tensión dentro del Congreso, donde las discusiones sobre la legislación han llevado a choques entre legisladores gobernantes y opositores, evidenciando la gravedad de las divisiones políticas e institucionales en la nación. Por otro lado, ciertos académicos admiten que el plan podría ser ventajoso si se lleva a cabo con transparencia y colaboración de múltiples sectores, pero advierten que la ausencia de información precisa y la sensación de imposición crean incertidumbre y desconfianza en la población.
Efectos financieros y exhortación a la cohesión del país
Los efectos económicos mencionados por los sectores críticos abarcan la posible pérdida de empleos debido al cierre de compañías y la disminución de la inversión, el incremento de la pobreza por el aumento del costo de productos básicos y el deterioro del entorno económico, lo cual podría impulsar la migración y el conflicto social. Empresarios y líderes gremiales afirman que la ley es una amenaza directa al trabajo y la inversión, y advierten sobre el peligro de repetir experiencias desfavorables de otros países de la región donde medidas similares han debilitado el entramado empresarial y social.
Ante este contexto, varios sectores han instado al Congreso Nacional y a la población a prevenir la fragmentación causada por discursos políticos, subrayando que la auténtica equidad social se consigue a través del desarrollo económico, la inversión ética y la creación de oportunidades para todos, y no mediante leyes sancionadoras ni campañas de conflicto. El gobierno, por su lado, afirma que la ley pretende rectificar privilegios fiscales históricos y reforzar los sistemas de seguridad social, destacando la importancia de la unidad nacional para progresar hacia el bienestar común.
