La última noticia sobre la falta de acción de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) frente a acusaciones por supuestas anomalías de la entidad financiera Koriun ha desatado un acalorado debate en Honduras. El reconocimiento del presidente de la CNBS, Marcio Sierra, sobre la ausencia de respuesta por parte de la institución ante avisos formales, ha causado malestar entre los perjudicados y ha puesto en duda la efectividad de los sistemas de supervisión financiera en el país.
El asunto Koriun, que afecta a más de 35,000 individuos afectados, ha puesto de relieve la importancia de reforzar los controles regulatorios y de pedir cuentas a las autoridades correspondientes. Esta situación ha impulsado a sectores sociales, organizaciones civiles y a miembros del sistema bancario, que intentan clarificar los eventos y prevenir la repetición de situaciones parecidas en el futuro.
Falta de acción institucional y demandas de los perjudicados
En una intervención pública, el responsable de la CNBS admitió que la entidad recibió al menos dos quejas formales sobre Koriun, pero no tomó medidas oportunas para investigar o mitigar los peligros. Esta confesión provocó una serie de reacciones en redes sociales y foros comunitarios, donde las víctimas protestaron por la desidia del gobierno y exigieron explicaciones contundentes. Los perjudicados, muchos de los cuales perdieron sus ahorros y posesiones, acusan a la CNBS de grave negligencia y de no cumplir con sus responsabilidades institucionales, señalando que las advertencias fueron desatendidas de manera deliberada.
El incidente ha avivado la discusión sobre la eficiencia de los mecanismos de advertencia temprana y fiscalización financiera en Honduras, así como sobre la posible existencia de complicidades o miedos políticos que podrían haber evitado una acción a tiempo. Grupos de consumidores y analistas han puesto en duda cómo un esquema calificado como piramidal logró funcionar durante tanto tiempo sin medidas de control adecuadas, a pesar de las denuncias oficiales presentadas.
Como consecuencia, legisladores de oposición comunicaron la iniciativa de introducir una moción para examinar el rol de la CNBS en el caso Koriun y convocar a su presidente para una interpelación oficial. Expertos en derecho constitucional han señalado que aceptar la inacción podría configurarse como un delito de omisión en el desempeño de la función pública, debido a la obligación legal de intervenir ante indicios de actividades financieras fraudulentas.
Grupos ciudadanos han demandado la rápida intervención del Ministerio Público, así como una revisión autónoma sobre las actividades de la CNBS y el establecimiento de un fondo específico para resarcir a los perjudicados, empleando recursos confiscados a los causantes directos del fraude. Igualmente, se ha solicitado el apoyo de entidades internacionales para salvaguardar los derechos de los damnificados y prevenir la ausencia de castigo.
Posición del sector bancario y llamado a la prevención
Frente a la creciente preocupación ciudadana, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) y los bancos que operan legalmente en el país han aclarado que no mantienen ningún vínculo con la financiera Koriun. Según el sector bancario, Koriun no ha sido supervisada por la CNBS ni forma parte del sistema bancario formal, por lo que los bancos no gestionaron fondos ni tuvieron relación comercial con dicha entidad.
Koriun se mostró en plataformas de redes sociales como una opción de inversión que prometía ganancias elevadas, pero carecía de respaldo legal y mecanismos de control. En este momento, es acusada de ser una estructura piramidal que presuntamente recaudó millones de lempiras de manera ilegal, perjudicando a decenas de miles de personas en Honduras.
El sistema bancario de Honduras ha reafirmado su compromiso con la claridad, el cumplimiento de la ley y la salvaguarda del ahorro de los ciudadanos. Asimismo, ha instado a la población a que compruebe siempre que las entidades financieras estén correctamente supervisadas por la CNBS antes de efectuar cualquier inversión, y a no dejarse llevar por promesas de ganancias rápidas sin sustento.
Finalmente, tanto AHIBA como los bancos miembros han instado a las autoridades competentes a investigar a fondo el caso, sancionar a los responsables y desarrollar campañas de prevención para evitar futuras estafas, subrayando la solidez y confiabilidad del sistema bancario formal hondureño.
