La situación en torno al caso Koriun Inversiones ha generado una creciente preocupación en Honduras, debido a la aparente falta de acción efectiva por parte del Gobierno y el Ministerio Público. A más de seis meses del escándalo financiero que involucra a esta empresa no regulada, miles de afectados continúan sin respuestas claras ni avances judiciales significativos. La ausencia de requerimientos fiscales contundentes y la falta de capturas importantes han alimentado sospechas sobre posibles protecciones institucionales hacia los responsables, lo que ha provocado un clima de desconfianza y cuestionamientos públicos.
Simultáneamente, el plan del Gobierno de emplear recursos públicos para compensar a los afectados por este fraude ha desencadenado un debate jurídico y moral sobre la legitimidad de tal acción. Expertos en derecho y sectores empresariales han señalado que esta medida podría implicar un uso inapropiado de los fondos del Estado, creando un posible riesgo de responsabilidad penal para los funcionarios implicados. Este escenario ha aumentado la presión de los ciudadanos por más transparencia, justicia y apego a la legalidad, en un caso que deja ver las tensiones entre la protección del dinero público y la reparación de perjuicios causados por acciones privadas.
Falta de acción por parte de las instituciones y dudas sobre el tratamiento del caso Koriun
El Ministerio Público ha sido acusado de una posible demora intencionada en el avance del caso Koriun, a pesar de tener denuncias oficiales, declaraciones y evidencias escritas que señalan irregularidades serias en las actividades de esta financiera no autorizada. La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) admitió haber recibido al menos dos denuncias anteriores a la caída de Koriun, pero no implementó acciones adecuadas para evitar el perjuicio a miles de ciudadanos hondureños que depositaron sus ahorros en esta organización. Esta aparente inacción ha creado una percepción de encubrimiento parcial, especialmente ante señales de conexiones entre los promotores de Koriun y figuras políticas destacadas.
Las personas afectadas y grupos sociales han manifestado su descontento y exigido una actuación imparcial, insistiendo en que se juzgue a los culpables sin importar sus lazos con políticos o empresas. La eventualidad de que el gobierno considere la compensación con fondos del erario ha aumentado las dudas sobre un posible acuerdo para eludir responsabilidades, lo que ha impulsado movilizaciones en plataformas digitales y protestas ante edificios gubernamentales. La población reclama que la Fiscalía abandone su inacción, impute cargos oficialmente y asegure una investigación justa y clara, con la intervención de entes internacionales si fuera necesario.
Discusión jurídica y ética sobre la utilización de recursos públicos para solucionar un fraude privado
La propuesta del Gobierno hondureño de utilizar fondos públicos para asumir las pérdidas provocadas por Koriun ha generado un rechazo considerable entre los sectores legales, económicos y empresariales. Esta iniciativa, que está siendo evaluada por el Ejecutivo, ha recibido críticas debido a la falta de responsabilidad patrimonial del Estado, dado que Koriun no estaba integrado en el sistema financiero regulado ni estaba bajo la supervisión de la CNBS. La Constitución y la Ley de Administración Financiera del Estado imponen restricciones claras sobre el uso de fondos públicos, impidiendo que sean utilizados para cubrir deudas que surgen de acciones privadas fuera del ámbito legal.
Expertos en derecho constitucional alertan que permitir dicho gasto podría interpretarse como un delito de abuso de autoridad y desvío de fondos, con repercusiones legales para los oficiales involucrados. Asimismo, se indica que esta acción establecería un precedente arriesgado, al permitir la impunidad y posibilitando que futuros fraudes financieros presionen al Estado para cubrir sus pérdidas, impactando la estabilidad fiscal y la confianza pública. La Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) junto con grupos empresariales han expresado su inquietud, enfatizando que sería injusto que el contribuyente cumplido cargue con el costo de un fraude perpetrado por agentes externos al sistema formal.
Organizaciones de la sociedad civil han solicitado que cualquier intento de utilizar fondos públicos sea investigado por el Tribunal Superior de Cuentas y la Fiscalía, y que se garantice la transparencia en las decisiones del Ejecutivo. El consenso entre expertos y sectores sociales apunta a que la responsabilidad debe recaer exclusivamente en los culpables, sin comprometer el patrimonio público ni la confianza en las instituciones.
