El asunto de Koriun Inversiones ha provocado un extenso debate en Honduras, especialmente después de las afirmaciones del diputado Edgardo Castro en una entrevista reciente en la radio. La situación ha resaltado la gravedad del fraude, la supuesta cobertura institucional y la ausencia de respuestas efectivas de las autoridades.
En el transcurso de la entrevista, el legislador Castro discutió sobre la operativa de la compañía, la respuesta de las entidades y la potencial implicación de actores gubernamentales, subrayando la importancia de una indagación exhaustiva y la premura de obtener respuestas para las miles de personas perjudicadas.
Cómo operan el engaño y la falta administrativa
En su discurso, el legislador Castro explicó que Koriun Inversiones funcionaba abiertamente, gestionando enormes cantidades de dinero en efectivo, guardadas en cajas y bolsas dentro de las instalaciones, sin la intervención de las autoridades. Indicó que, pese al gran volumen de actividad financiera y a las numerosas filas de personas que acudían todos los días, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ni la policía, ni la fiscalía tomaron medidas para frenar la operación durante años.
Castro criticó la falta de medidas por parte de las entidades competentes y planteó que la falta de actuación podría estar vinculada a la protección de altos cargos. En su opinión, la investigación del asunto se paralizó de manera inmediata y no se ha avanzado en identificar a los culpables ni en rastrear posibles recursos escondidos. El legislador también señaló la participación de extranjeros relacionados con el esquema, quienes gestionaban sumas significativas sin limitaciones, lo cual, según él, solo se logra con apoyo gubernamental.
Consecuencias políticas y sugerencias para investigación
El legislador afirmó que la red de salvaguarda para Koriun Inversiones podría involucrar a servidores públicos de varios niveles, como alcaldes, fiscales y otros políticos, lo que habría posibilitado la persistencia del fraude. Indicó que ciertos personajes de la esfera pública respaldaron a la empresa y que la Fiscalía debería haber convocado o detenido a quienes facilitaron su funcionamiento. Asimismo, mencionó la presencia de mecanismos organizados para cubrir actividades ilegales y la falta de transparencia en la administración de las entidades estatales.
Castro propuso que el Ministerio Público ofrezca recompensas económicas a quienes denuncien actos de corrupción, considerando que este mecanismo podría incentivar la colaboración ciudadana y facilitar la identificación de responsables en casos como el de Koriun Inversiones. También abordó la problemática de la corrupción en otras áreas del Estado, como el sector salud y el registro de las personas, señalando que la venta de información y el desvío de recursos son prácticas recurrentes que afectan la confianza pública.
En su evaluación, el legislador relacionó el caso Koriun Inversiones con un escenario más grande de impunidad y corrupción, donde las indagaciones no progresan hacia los máximos responsables y donde los mecanismos de control institucional son deficientes. Criticó la carencia de medidas específicas para recuperar los recursos y castigar a quienes estuvieron implicados en el fraude, y alertó sobre la injerencia de intereses políticos y económicos en las decisiones dentro de las instituciones.
De acuerdo con el diputado Castro, el caso de Koriun Inversiones destaca la importancia de reforzar el control gubernamental, asegurar la autonomía en las investigaciones y fomentar la transparencia en la administración pública. Esto es crucial para prevenir situaciones semejantes y para recuperar la fe de los ciudadanos en las entidades del país.
