El asunto de Koriun Inversiones ha provocado un acalorado debate en Honduras, tras darse a conocer un esquema Ponzi que impactó a más de 35.000 personas. La acusación del diputado Edgardo «Chele» Castro ha colocado en el foco del debate la potencial cobertura política y judicial que facilitó las operaciones anómalas de la compañía.
La actuación de las autoridades, la garantía de recursos y la respuesta de los inversionistas han mostrado una falta de confianza en el sistema financiero del país. La investigación sigue en curso, mientras aparecen dudas acerca de la responsabilidad de los servidores públicos y la eficiencia de los sistemas de control.
Fraude Ponzi y operaciones no reguladas de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba bajo un esquema Ponzi, el cual se basa en obtener recursos de nuevos inversores para retribuir a los más antiguos, sin crear beneficios reales. La compañía aseguraba un rendimiento semanal del 5 %, lo que equivale a un 20 % mensual, prometiendo a los clientes que recuperarían su inversión en un lapso de cinco meses. No obstante, la viabilidad del esquema dependía del continuo ingreso de nuevos participantes, lo que finalmente causó su quiebre y resultó en pérdidas económicas significativas para miles de personas.
La CNBS informó que Koriun Inversiones operaba sin permiso oficial para funcionar como entidad bancaria. En las visitas de revisión llevadas a cabo en varias oficinas y domicilios de responsables, se descubrió una considerable cantidad de dinero en metálico, guardada de manera no oficial en cajas y bolsas. Asimismo, se detectaron relevantes transacciones financieras, entre ellas la extracción de 400,000 dólares realizada por ciudadanos de Estados Unidos vinculados con el arranque del fraude en 2017.
Acusaciones sobre resguardo político y crisis de credibilidad
El legislador Edgardo Castro afirmó que el funcionamiento de Koriun Inversiones fue viable debido al resguardo de personalidades políticas, fiscales y empleados públicos. Castro criticó la ausencia de acción adecuada por parte de los organismos de supervisión y solicitó una investigación completa para establecer la culpabilidad de aquellos que facilitaron o permitieron el fraude. Además, se hizo referencia a la implicación de alcaldes que promovieron la empresa y la inacción de los fiscales frente a advertencias tempranas.
El cierre de Koriun Inversiones generó protestas de los perjudicados, quienes demandaron la devolución de su dinero y expresaron temor de perder su inversión. La CNBS dispuso el aseguramiento de los activos y la devolución a los inversores en la medida que sea factible, aunque se prevé que el proceso sea complicado y extenso. El caso ha revelado la susceptibilidad de las personas ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de reforzar los sistemas de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.
