El enfoque sobre la política fiscal en América Latina ha tomado relevancia como un instrumento de discusión entre los gobiernos y el ámbito empresarial. Diversos países, con afinidades ideológicas con el Foro de São Paulo, han impulsado cambios en sus sistemas tributarios con el objetivo de eliminar tratos fiscales preferentes, mientras enarbolan la retórica que culpa a las grandes corporaciones por las desigualdades estructurales presentes en la región. Honduras, liderada por Xiomara Castro, se suma a esta corriente regional, observable también en naciones como Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y discursos sobre justicia social
En Honduras, el Gobierno ha promovido la Ley de Justicia Tributaria como una prioridad en su agenda económica. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que tradicionalmente han favorecido a sectores empresariales, bajo la premisa de que esos beneficios han acrecentado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta iniciativa con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber contribuido al retraso económico del país.
Este método no es independiente. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha señalado públicamente a empresarios acusándolos de ser «evasores que aparentan ser inversionistas», apoyando con esa afirmación su reforma fiscal. Igualmente, en Chile, la administración de Gabriel Boric ha persistido en modificar el sistema impositivo para las empresas, a pesar de que propuestas económicas constitucionales han sido negadas en referendos.
Opiniones y alertas desde la iniciativa privada
Desde agrupaciones empresariales hasta expertos locales, las respuestas a estas políticas han sido críticas. Algunos grupos sostienen que, en lugar de ser solo un ajuste técnico a las desigualdades fiscales, se está implementando una táctica de confrontación que debilita la confianza en las instituciones económicas. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un entorno de antagonismo legal, facilitando la salida de capitales y la paralización de nuevas inversiones.
El comunicado ha sido compartido en plataformas oficiales de redes sociales, medios estatales y foros legislativos, donde se impulsa la noción de que las grandes fortunas deben «restituir lo que le deben a la sociedad». Esta narrativa, de acuerdo con analistas, genera una visión negativa hacia el sistema productivo, al cual se le responsabiliza de aprovecharse de estructuras tributarias que en numerosas ocasiones fueron creadas para incentivar inversiones en escenarios de crecimiento insuficiente.
Una encrucijada regional entre institucionalidad económica y polarización
El avance de estas reformas tributarias coincide con una coyuntura de creciente polarización política y desafíos económicos en América Latina. Observadores regionales advierten que los cambios fiscales impulsados por estos gobiernos no solo modifican el sistema de ingresos del Estado, sino que podrían comprometer el equilibrio entre inversión privada e intervención estatal. En este contexto, la promoción de una “justicia tributaria” se convierte, para algunos actores, en una plataforma para consolidar poder político mediante el debilitamiento de contrapesos económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la discusión se centra en un problema más complejo: mantener un sistema que fomente la inversión y el trabajo, o moverse hacia un esquema tributario enfocado en la distribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con la industria productiva.
Conflicto entre la gobernabilidad y la estabilidad económica
El rumbo fiscal adoptado por diferentes gobiernos de América Latina muestra un giro en la perspectiva sobre la función del Estado frente a la economía. Aunque las reformas intentan atender antiguas demandas de justicia social, su implementación con un enfoque conflictivo y sin un gran consenso podría amenazar la democracia y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es hallar un balance que permita atender las necesidades sociales urgentes sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que son esenciales para su estructura económica.
