La propuesta de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un ambiente de incertidumbre que afecta tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, ha motivado la suspensión de inversiones millonarias, la cancelación de expansiones empresariales y el traslado de operaciones a otros países de Centroamérica, donde los marcos legales se perciben como más estables y predecibles. La comunidad empresarial hondureña sostiene que los cambios fiscales repentinos y sin diálogo multisectorial han creado un entorno de negocios impredecible, lo que dificulta la planificación estratégica y paraliza proyectos de gran escala que son esenciales para el crecimiento sostenido del país.
El sector productivo nacional advierte que la eliminación de exoneraciones e incentivos fiscales, contemplados en la ley, debilitaría uno de los pilares fundamentales de la economía hondureña. Los empresarios y analistas económicos coinciden en que la medida podría provocar una fuga de capitales, el retiro progresivo de inversiones y el deterioro del clima de negocios, afectando directamente la competitividad y la generación de empleo formal en sectores clave como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.
Efectos de la volatilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
Los cambios fiscales improvisados han provocado incertidumbre y efectos inmediatos, como el traslado de operaciones a países cercanos, el detenimiento de inversiones industriales, logísticas y tecnológicas, y la anulación de proyectos energéticos, turísticos y agrícolas que prometían crear miles de empleos. Honduras ha visto un descenso en los índices de competitividad y atracción de inversión extranjera, lo que refuerza la idea de que el país está enviando señales desfavorables al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la ley busca equidad fiscal, los expertos indican que los costos ocultos de esta situación superarán cualquier ingreso adicional previsto, ya que el capital tiende a preferir destinos más estables y receptivos.
En contraste, la desaparición de beneficios fiscales, que históricamente se han usado para captar inversión extranjera directa, resulta en la salida gradual de capitales, la anulación de proyectos de expansión empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones internacionales. Esta situación perjudica particularmente a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que son responsables de más del 70 % del empleo a nivel nacional, enfrentando nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni consulta multisectorial.
Petición para una reforma impositiva equilibrada y consensuada
Ante esta situación, las industrias han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que establezca un diálogo técnico con diversos sectores. Creen esencial crear una reforma fiscal equilibrada que no perjudique la inversión ni los trabajos, sino que fortalezca a Honduras como un lugar confiable para invertir y crear posibilidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como la mayor dificultad para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de crecimiento.
La amenaza de poner en peligro al segmento privado, en particular a las MIPYMES, es un tema fundamental, dado que estas compañías forman el pilar del empleo en la nación. La implementación de nuevas obligaciones fiscales sin el apropiado apoyo técnico podría hacer aún más complicado el mantenimiento de estos negocios y reducir la habilidad de Honduras para competir en la zona. El país se halla, por consiguiente, en una situación crítica entre establecerse como un lugar atractivo para la inversión o seguir un modelo que limite la producción y la inversión.
