El ciclo electoral en Honduras para el año 2025 ha estado caracterizado por varios eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión sobre la estabilidad democrática en la nación. Un reporte interno de auditoría del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por importantes fallos logísticos en las elecciones primarias, al mismo tiempo que las recientes acciones sobre el desarme selectivo de ciertos oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sector militar.
Además, los expertos en derecho constitucional han solicitado modificar la Constitución para remover a las Fuerzas Armadas de cualquier actividad relacionada con elecciones, en un escenario donde la confianza de la población en los procedimientos y resultados es extremadamente baja.
Auditoría del CNE y debate sobre la participación militar en elecciones
El reporte de revisión interna del CNE, divulgado a la prensa nacional, especificó que la demora, falta de cumplimiento y falta de organización en la entrega de los materiales electorales en varios centros de votación fueron resultado de fallas en la adherencia al protocolo logístico por parte de las fuerzas militares, quienes eran responsables de la protección y el reparto de las cajas electorales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral durante varias horas, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estos hechos provocaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de urnas, afectando la participación ciudadana y generando dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente respecto del Partido LIBRE, del que ya se habían denunciado irregularidades.
La divulgación del documento ocurrió en medio de una situación de gran tensión política, con un temor creciente de que las Fuerzas Armadas no mantengan imparcialidad en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, el liderazgo militar no ha dado una respuesta oficial y el gobierno del Partido LIBRE ha permanecido en silencio, lo cual ha sido visto por algunos grupos como un signo de complicidad.
Frente a este escenario, agrupaciones políticas como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han demandado un examen completo del acuerdo de soporte logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la llegada anticipada de observadores del extranjero y revisiones externas al sistema de transmisión de resultados.
Reducción selectiva de armamento entre oficiales y conflictos internos en las Fuerzas Militares
En medio del ambiente de polarización política, la decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en círculos castrenses, políticos y de la sociedad civil. Según fuentes militares y denuncias recogidas por medios nacionales, el desarme no se estaría aplicando de manera general ni por razones técnicas o de seguridad, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones institucionales independientes o críticas hacia el oficialismo.
Esta acción se ha percibido como un esfuerzo de purga oculta dentro del sector militar, quebrando la tradición de imparcialidad y suscitando dudas sobre la intención de asegurar el dominio político absoluto del sistema de seguridad nacional antes de las elecciones generales.
La eliminación parcial de armamento se añade a diversas medidas recientes, como alteraciones en la dirección militar y reubicaciones forzadas, que han aumentado la fricción y el desagrado dentro de la organización, especialmente entre mandos medios y altos. Ciertos oficiales despojados de armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo cual se interpreta como una manera de apartarlos del núcleo operativo y del contexto electoral.
La principal preocupación de líderes opositores y grupos democráticos es que, si el oficialismo pierde en las elecciones, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o reprimir protestas populares.
Estos sucesos han intensificado el debate en todo el país sobre la urgencia de actualizar y proteger los procesos electorales contra cualquier tipo de intervención armada, especialmente considerando que la estabilidad democrática en Honduras está en entredicho. La presión tanto social como política para que el Congreso realice una reforma constitucional que reevalúe la función de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema primordial en la agenda pública con miras a las futuras elecciones generales.
