La situación política reciente en Honduras ha estado influenciada por acciones ciudadanas en apoyo a la diversidad democrática y la participación política. En Tegucigalpa, muchas personas, incluidas aquellas de organizaciones de la sociedad civil, estudiantes de universidad, dirigentes comunitarios y ciudadanos sin afiliación específica, se reunieron frente al Congreso Nacional para una vigilia tranquila. Esta protesta tuvo como objetivo central pedir el pleno respeto y protección para los partidos políticos más pequeños durante el proceso electoral que concluirá con las elecciones generales en noviembre de 2025. Durante la vigilia, los participantes usaron velas y letreros, simbolizando su preocupación ante lo que consideran una amenaza al sistema multipartidista, en un contexto de acusaciones de presiones, dificultades administrativas y exclusión mediática hacia los partidos nuevos.
Durante la manifestación, los asistentes aprovecharon para criticar acciones que, según ellos, restringen la participación justa en el diálogo social, establecen barreras no justificadas para el registro de nuevas formaciones políticas y perpetúan discursos gubernamentales que desacreditan a las organizaciones no convencionales. Además, destacaron el uso de recursos del Estado a favor de los partidos en el poder. En el evento, se presentó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), demandando equidad en el acceso a los medios públicos, así como protección frente al hostigamiento político hacia candidatos independientes o de partidos minoritarios.
Marco del proceso electoral y alegaciones de exclusión
El proceso electoral de Honduras en 2025 se lleva a cabo en un ambiente de fuerte tensión y división. Las elecciones primarias recientes, que se realizaron el 9 de marzo, contaron con la participación de los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estas elecciones se vieron afectadas por importantes demoras en la distribución del material electoral, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que provocó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de los votantes y líderes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que algunos sectores opositores señalaron que los incidentes podrían haberse debido a una presunta manipulación por parte de las Fuerzas Armadas y la ministra de Defensa, quien también es aspirante a la presidencia.
Dentro de este contexto, los partidos nuevos han expresado críticas hacia iniciativas legislativas que intentan adelantar la fecha tope para entregar las planillas, lo cual ven como una acción que limita sus oportunidades de participación y refuerza la exclusión política. Estas medidas se suman a las quejas sobre el uso desigual de fondos públicos y la carencia de acceso equitativo a los medios de comunicación del Estado. La inquietud de la sociedad civil y de los partidos más pequeños se centra en la importancia de mantener la diversidad política y prevenir que las prácticas limitantes se afiancen de cara a las elecciones generales programadas para noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La manifestación ante el Congreso Nacional evidenció el monitoreo constante de la sociedad civil respecto al proceso democrático. Los participantes entregaron formalmente sus exigencias a las autoridades electorales, pidiendo asegurar la equidad para todos los partidos registrados y garantizar la claridad en la distribución de espacios en los medios públicos. También solicitaron protección adecuada contra el acoso político, particularmente para candidatos independientes o de partidos minoritarios.
El ciclo parlamentario 2022-2026 del Congreso Nacional, comenzado después de las votaciones de 2021, ha sido caracterizado por la división y momentos de crisis interna, como el conflicto en la selección de la junta directiva y la división entre bancadas. Este entorno ha aumentado la impresión de que hay prácticas que benefician a los partidos convencionales y complican la participación de nuevas entidades políticas. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es un componente esencial para la democracia en Honduras.
